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Marlaska ordena investigar las cargas policiales del 11N y prohíbe el uso de gas lacrimógeno en manifestaciones

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Foto: EL PAIS

El ministro del Interior ha encargado a la Dirección General de la Policía investigaciones específicas sobre las incidencias ocurridas durante la huelga general, especialmente en Madrid. Además, ha ordenado que no se use gas lacrimógeno en futuros dispositivos de control. La oposición de izquierdas exige su dimisión.

El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha ordenado a la Dirección General de la Policía la apertura de investigaciones específicas sobre las distintas incidencias ocurridas durante la jornada de huelga general del 11 de noviembre, según han confirmado fuentes del Gobierno. La orden llega después de las denuncias por cargas policiales abusivas registradas en Madrid y en otros puntos del país, y se acompaña de una segunda medida: la prohibición del uso de gas lacrimógeno en los dispositivos de control de manifestaciones.

Una investigación con dos frentes

Según el comunicado difundido por el Ministerio del Interior, las investigaciones se realizarán “con independencia de la propia inspección interna a la que la Policía Nacional somete todas sus actuaciones para evaluar su adecuación a las normas vigentes”. La orden no especifica qué intervenciones concretas serán examinadas ni cuántos expedientes se abrirán, pero el foco principal está en los episodios de Mercamadrid, las cocheras de la EMT en Madrid y las cargas en la Gran Vía durante la tarde del miércoles.

La segunda medida es igualmente significativa: Marlaska ha ordenado que, “en lo sucesivo, no se use gas lacrimógeno en los dispositivos de control de manifestaciones”. La instrucción trasciende los incidentes del 11N y afecta a futuras protestas. Fuentes policiales citadas por la Cadena SER admiten en privado que el rociamiento con gas pimienta a un hombre sin hogar en la Gran Vía fue “una actuación impropia” que incumplió el protocolo.

El detonante: Gran Vía y las denuncias de los sindicatos

Las cargas más criticadas ocurrieron alrededor de las 14:00 horas en la Gran Vía, cuando los agentes de la UIP intentaron despejar la calzada ocupada por manifestantes durante unas dos horas. La artista Samantha Hudson, junto a la actriz Laura Weissmahr y la comunicadora María Barrier, denunció haber recibido gas pimienta directamente en la cara mientras se encontraba en primera línea “sin ejercer violencia”. “Me ha entrado en los ojos, en la nariz, en la boca. He estado a punto de ahogarme”, relató.

Los sindicatos CCOO y UGT también denunciaron cargas “absolutamente desproporcionadas” contra los piquetes informativos en Mercamadrid y en las cocheras de la EMT. CCOO cifró en 20 los heridos y anunció acciones penales. El balance oficial de Interior hasta las 23:00 del miércoles contabiliza 1.144 incidencias y 47 detenciones por parte de la Policía Nacional y la Guardia Civil, sin incluir Cataluña ni País Vasco.

La presión política no cesa

La investigación ordenada por Marlaska no ha calmado a sus socios de Gobierno ni a la oposición de izquierdas. La portavoz de Sumar en el Congreso, Verónica Martínez Barbero, ha reclamado su dimisión: “No nos representa. Debería dar explicaciones lo primero y dimitir lo segundo”. Podemos, a través de Ione Belarra, ha exigido lo mismo tras “la brutalidad y abuso policial”. El Frente Amplio, socio del PSOE, ha pedido a Pedro Sánchez la destitución directa del ministro.

El ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, ha salido a blindar a Marlaska: “En absoluto” su cargo está en cuestión, ha afirmado, aunque ha admitido que ha visto “imágenes que no me han gustado” y que serán los mandos policiales quienes determinen si hubo un uso desproporcionado de la fuerza.