El Gobierno español prepara el traslado a la Península de 500 menores migrantes no acompañados que permanecen en Ceuta, una decisión adoptada ante la saturación de los recursos de acogida y la creciente presión política y humanitaria provocada por la crisis fronteriza.
La medida supone un cambio en la respuesta inicial del Ejecutivo, que había defendido la devolución de las personas que ingresaron irregularmente desde Marruecos. Sin embargo, la legislación española obliga a garantizar la protección de los menores hasta determinar su identidad, edad y circunstancias familiares.
Traslados mediante organizaciones sociales
El dispositivo se desarrollará mediante organizaciones especializadas en protección infantil y atención humanitaria. La prioridad será trasladar a los menores que se encuentren en condiciones de mayor vulnerabilidad, especialmente niñas y adolescentes expuestas a situaciones de riesgo.
El plan busca reducir la presión sobre los servicios de Ceuta sin transferir inicialmente la tutela a las comunidades autónomas receptoras. Las entidades colaboradoras asumirán su alojamiento y atención mientras las autoridades estudian individualmente cada caso.
El Gobierno también ha comenzado a reubicar a unas 1.800 personas que permanecían en asentamientos improvisados y trabaja en la habilitación de nuevos espacios de acogida temporal.
Bruselas exige proteger a los menores
La Comisión Europea ha recordado a España su obligación de proteger a los menores vulnerables, aunque también ha respaldado el retorno de los migrantes que no cumplan los requisitos legales para permanecer en territorio comunitario.
La situación ha generado un nuevo enfrentamiento político. El Partido Popular y Vox cuestionan el traslado a la Península y reclaman que se priorice la reunificación de los menores con sus familias en Marruecos cuando sea posible.
El Ejecutivo sostiene que las decisiones deberán respetar el interés superior del menor y los procedimientos establecidos por la legislación nacional e internacional.
Ceuta continúa bajo presión
La llegada masiva registrada a finales de julio desbordó la capacidad asistencial de Ceuta y obligó a habilitar instalaciones temporales. Miles de personas han sido devueltas o abandonaron posteriormente la ciudad, pero numerosos migrantes continúan a la espera de que se resuelva su situación.
El traslado de los 500 menores busca aliviar parcialmente una emergencia que continúa condicionando la relación entre España y Marruecos y que ya ha adquirido dimensión europea.
