La Sala Tercera rechaza el recurso de la Abogacía del Estado, que pedía levantar la medida cautelar tras el adelanto electoral, y confirma que los descendientes de españoles no podrán votar el 29 de noviembre porque el censo se cierra hoy. El magistrado que preside la Sección ha emitido un voto particular. Marlaska lamenta la decisión: «Parece que el derecho al voto no es tan relevante para algunos».
Los descendientes de españoles que obtuvieron la nacionalidad a través de la ‘Ley de Nietos’ no podrán votar en las elecciones generales del 29 de noviembre. El Tribunal Supremo ha decidido este lunes mantener la suspensión cautelar del derecho al voto de este colectivo, al rechazar el recurso de reposición presentado por la Abogacía del Estado, que pedía levantar la medida tras el adelanto electoral.
La decisión de la Sala Tercera del Supremo llega el mismo día en que se cierra el censo electoral, por lo que los afectados no podrán ser incluidos en el Censo Electoral de Residentes Ausentes (CERA) a tiempo para los comicios. La medida afecta a cerca de 170.000 expedientes, según las cifras manejadas por la Fiscalía y la Abogacía del Estado.
El origen de la suspensión
La ‘Ley de Nietos’ es una disposición de la Ley de Memoria Democrática que permite optar a la nacionalidad española a hijos y nietos de españoles que sufrieron exilio por razones políticas, ideológicas, de creencia o de orientación sexual. Para su aplicación, el Gobierno aprobó una instrucción que establece que se «presumirá» la condición de exiliado a todos los españoles que salieron de España entre 1936, cuando comenzó la Guerra Civil, y 1955, en plena dictadura de Franco.
La Asociación Iustitia Europa y el partido Vox recurrieron la medida y el Tribunal Supremo dejó en suspenso cautelarmente las altas en el censo electoral de los afectados, al considerar que podría haber irregularidades en el proceso de concesión de la nacionalidad. Desde entonces, los nacionalizados por esta vía no han podido ejercer su derecho al voto.
El intento de revertir la medida
Tras la convocatoria de elecciones anticipadas para el 29 de noviembre, la Abogacía del Estado pidió levantar la medida cautelar para que los afectados pudieran votar. Tanto la Fiscalía como la Abogacía argumentaron la «imposibilidad material» de revisar los casi 170.000 expedientes afectados antes de la cita electoral.
Sin embargo, el Supremo ha desestimado el recurso de reposición, con el voto particular de una magistrada de los seis que componen la Sección. La decisión del alto tribunal cierra la puerta a que los nacionalizados por la ‘Ley de Nietos’ puedan votar el 29N.
La reacción del Gobierno
El Gobierno ha lamentado la decisión del Supremo. El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha criticado la resolución en una conversación informal con periodistas durante la recepción oficial por el Día de la Fiesta Nacional: «Parece que el derecho al voto no es tan relevante para algunos«, ha señalado el ministro, en una clara alusión a los partidos que recurrieron la medida.
Fuentes del Ejecutivo han señalado que respetan la decisión judicial, aunque consideran que la suspensión del voto a un colectivo de casi 170.000 personas supone una «restricción significativa» del derecho de sufragio. La vicepresidenta primera, María Jesús Montero, ha anunciado que el Gobierno estudiará «todas las vías legales disponibles» para revertir la situación de cara a futuros procesos electorales.
La reacción de la oposición
Vox , que fue uno de los partidos que recurrió la medida, ha celebrado la decisión del Supremo. Fuentes del partido de Santiago Abascal han señalado que la resolución «confirma las sospechas de irregularidades en la concesión masiva de nacionalidades» y han exigido al Gobierno que «revise todos los expedientes uno a uno«.
El PP, por su parte, ha evitado pronunciarse directamente sobre la decisión judicial y ha pedido «respeto a las resoluciones de los tribunales«.
El contexto
La ‘Ley de Nietos’ ha sido una de las normas más controvertidas de la Ley de Memoria Democrática. Desde su entrada en vigor, ha permitido a miles de descendientes de españoles de todo el mundo obtener la nacionalidad española. Sin embargo, su aplicación ha generado recursos judiciales y críticas políticas por parte de la derecha y la ultraderecha, que consideran que la norma beneficia a un colectivo sin vínculos reales con España.
La decisión del Supremo supone un nuevo capítulo en la polémica y deja fuera de las urnas a un colectivo que, según los cálculos del Gobierno, podría superar las 170.000 personas.
