La presidenta madrileña responde a las críticas del Gobierno central por el desalojo de la vecina del Retiro con un argumento competencial: la ejecución de las órdenes judiciales corresponde al Ministerio del Interior, no a la Comunidad. Ayuso enmarca el caso en los «25.500 desahucios que se ejecutan cada año en España» y acusa a Sánchez de «hacer demagogia» con una «tragedia social» que, según ella, su Gobierno lleva años intentando paliar con más de 3.000 millones en políticas de vivienda.
Isabel Díaz Ayuso ha decidido no asumir ningún coste político por el desahucio de Maricarmen. La presidenta de la Comunidad de Madrid ha comparecido este jueves para responder a las críticas vertidas por el Gobierno central tras el desalojo de la vecina del Retiro, de 87 años, y lo ha hecho con un argumento estrictamente competencial: la ejecución de las órdenes judiciales corresponde al Ministerio del Interior, no a la Comunidad de Madrid.
«Ayer se produjo un desahucio de los 25.500 que se ejecutan todos los años en España, a manos de la Policía Nacional , que la gestiona el Gobierno, es decir, Sánchez, por orden judicial, no por otro motivo, no es una decisión nuestra «, ha declarado Ayuso en una intervención pública. La presidenta ha insistido en que la Comunidad de Madrid «no tiene competencias para frenar una orden judicial» y ha desviado la pelota al Ejecutivo central, al que ha acusado de hacer «demagogia» con el caso.
Una respuesta directa a Sánchez
Las palabras de Ayuso responden directamente a las declaraciones de Pedro Sánchez, que desde Nueva York calificó el desahucio de «tragedia social» y responsabilizó a la Comunidad y al Ayuntamiento de Madrid de no haber dado una respuesta adecuada al caso. El presidente del Gobierno anunció además que volverá a enviar un real decreto de vivienda al Congreso para proteger a los colectivos vulnerables frente a los desalojos.
Ayuso ha rechazado de plano esas acusaciones y ha recordado que su Gobierno ha destinado «más de 3.000 millones de euros» a políticas de vivienda, una cifra que, según ella, contrasta con la «inacción» del Ejecutivo central en esta materia. «Que no nos den lecciones de vivienda los que han estado bloqueando todas las iniciativas que hemos presentado en el Congreso y en la Asamblea», ha señalado la presidenta, que ha exigido a Sánchez que «asuma su responsabilidad» y «deje de utilizar a los ciudadanos para hacer política».
El papel de la empresa propietaria
La presidenta madrileña también ha querido poner el foco en la empresa propietaria del inmueble, Urbagestión Desarrollo e Inversión S.L. , una sociedad privada que había elevado el alquiler de Maricarmen de los 500 euros mensuales que pagaba a reclamarle 2.650 euros , una cantidad imposible de asumir con su pensión de 1.300 euros. Según Ayuso, el conflicto entre las partes «se dirimió en los tribunales» y la Comunidad «no puede intervenir en un proceso judicial».
La presidenta ha recordado que su Gobierno ha ofrecido a Maricarmen «alternativas de alojamiento» y que el Ayuntamiento de Madrid, a través del Samur Social, le ha prestado asistencia durante todo el proceso. «Hemos estado al lado de esta mujer en todo momento, pero no podemos cambiar una orden judicial», ha insistido Ayuso, en la misma línea que el alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, que este miércoles enumeró los servicios municipales prestados a la anciana.
El trasfondo político: la vivienda como campo de batalla
Más allá del caso concreto de Maricarmen, la polémica refleja la batalla política que se libra en torno a la vivienda en España. El Gobierno central y la Comunidad de Madrid mantienen un pulso constante sobre las competencias en esta materia: mientras el Ejecutivo de Sánchez apuesta por una regulación estatal de los alquileres y por medidas de protección para los inquilinos vulnerables, el Gobierno de Ayuso defiende la libertad de mercado y critica lo que considera una «intervención» del Estado en la propiedad privada.
El desahucio de Maricarmen ha reavivado ese debate y ha situado a ambas administraciones en una posición incómoda: el Gobierno central, porque no ha logrado frenar un desalojo que se veía venir desde hacía meses; y la Comunidad y el Ayuntamiento de Madrid, porque, pese a sus competencias en materia de servicios sociales y vivienda, no han podido evitar que una mujer de 87 años haya sido expulsada de su casa tras siete décadas viviendo en ella.
La versión de la oposición
La oposición ha rechazado de plano los argumentos de Ayuso. Desde Más Madrid, su portavoz, Manuela Bergerot, ha calificado las declaraciones de la presidenta de «ejercicio de cinismo» y ha recordado que la Comunidad de Madrid tiene competencias en materia de vivienda y servicios sociales: «No puede lavarse las manos y decir que no es su responsabilidad. Si no es suya, ¿de quién es?». Desde el PSOE, su portavoz en la Asamblea, Juan Lobato , ha exigido a Ayuso que «deje de culpar a Sánchez de todo» y ha pedido un plan autonómico de emergencia habitacional para evitar casos como el de Maricarmen.
La polémica, lejos de apagarse, se recrudece a medida que pasan las horas. Y lo que comenzó como un drama humano ha terminado convirtiéndose en un nuevo capítulo de la guerra política entre Madrid y Moncloa.
