La Sala de lo Contencioso-Administrativo ha aceptado la medida cautelar solicitada por Vox e Iustitia Europa. La decisión, que fue recurrida sin éxito por la Abogacía del Estado y la Fiscalía, deja en suspenso las altas automáticas en el Censo Electoral de Residentes Ausentes (CERA) para los nacionalizados por esta vía, salvo para quienes acrediten su condición de descendientes de exiliados. La suspensión se mantendrá hasta que el tribunal dicte sentencia sobre el fondo del recurso.
El Tribunal Supremo ha asestado un duro golpe a la aplicación de la conocida como ‘ley de nietos’ al suspender de forma cautelar la inscripción en el censo electoral de los ciudadanos que han obtenido la nacionalidad española al amparo de la Ley de Memoria Democrática. La decisión, adoptada por la Sala Tercera del tribunal, responde a la solicitud presentada por el partido Vox y la asociación Iustitia Europa, que alertaban de que las próximas elecciones generales podrían quedar «viciadas de forma irreversible» si no se paralizaban de inmediato las altas automáticas en el Censo Electoral de Residentes Ausentes (CERA).
Un freno en seco a las altas automáticas
El auto del Supremo, conocido apenas 24 horas después de la celebración de la vista pública, suspende de manera cautelar la incorporación al censo electoral de todas aquellas personas que hayan obtenido la nacionalidad española de origen por el ejercicio del derecho de opción previsto en la disposición adicional octava de la Ley 20/2022 . La medida, que estará vigente hasta que el tribunal dicte sentencia sobre el fondo del recurso, afecta tanto a quienes aún no han sido inscritos como a aquellos que ya figuran en el CERA, cuyos efectos electorales quedan suspendidos para los sucesivos procesos electorales que puedan convocarse.
Una excepción clave: el exilio acreditado
El tribunal ha establecido una excepción que permite que la suspensión no se aplique a quienes demuestren fehacientemente su condición de descendientes de exiliados españoles por razones políticas, ideológicas o de creencia. Para ello, los encargados de los Registros Consulares deberán expedir una certificación acreditativa de que el nacionalizado nació fuera de España y es hijo, nieto o descendiente de españoles que sufrieron exilio y perdieron o renunciaron a su nacionalidad.
Reacciones políticas ante la decisión judicial
La decisión ha generado reacciones encontradas. Mientras que el Gobierno de Pedro Sánchez, a través de la ministra portavoz Elma Saiz, ha calificado la decisión como «contraria al criterio del Ejecutivo y de la Junta Electoral Central», el Partido Popular y Vox han celebrado el fallo. «Teníamos razón», ha escrito Alberto Núñez Feijóo en redes sociales, mientras que Santiago Abascal ha afirmado que «Vox lo está haciendo todo en contra de este gobierno en todos los frentes».
