Por segunda ocasión en solo dos meses, el Gobierno español ha decidido aplazar la votación sobre la oficialidad del catalán, euskera y gallego en la Unión Europea. Durante la reunión del Consejo de Asuntos Generales de hoy viernes, quedó claro que la propuesta no tiene los votos suficientes entre los países miembros, lo que llevó al Ejecutivo a evitar un fracaso seguro.
La información, difundida por El Debate, asegura que España retiró la propuesta en el último momento para evitar una nueva derrota, como sucedió en mayo. La causa fundamental sigue siendo la resistencia de varios países miembros, que creen que no es posible un reconocimiento oficial sin una reforma previa de los tratados de la comunidad.
Dudas generalizadas y aviso desde Luxemburgo.
Entre las naciones que han expresado abiertamente su desaprobación se encuentran Luxemburgo, Polonia y Finlandia. El ministro de Relaciones Exteriores de Luxemburgo, Xavier Bettel, señaló que actualmente no es el momento propicio para iniciar esta discusión. El Gobierno español, aunque se ha mostrado dispuesto a cubrir completamente el gasto económico de la oficialidad —aproximadamente 132 millones de euros al año—, no ha conseguido persuadir a sus socios.
El secretario de Estado para la Unión Europea, Fernando Sampedro, hizo un llamado a la disposición de los Estados miembros para no «prolongar de manera innecesaria» la solicitud española, sin embargo, su petición no logró el resultado esperado.
Una “oficialidad moderada” para preservar el acto político.
Con el fin de lograr progreso, el Ministerio de Asuntos Exteriores ha estado disminuyendo gradualmente sus demandas: sugiere que la oficialidad no entre en vigencia hasta 2027 y que se restrinja a normas del Consejo y del Parlamento Europeo, lo cual abarca menos del 3 % del total de acciones legales europeas. Asimismo, España ha establecido un conjunto de condiciones para impedir que otras lenguas menos habladas soliciten el mismo estatus, tales como ser consideradas lenguas de trabajo en el Parlamento nacional y contar con al menos 40 años de oficialidad continua.
Esta política de concesiones lingüísticas surge del acuerdo entre el Gobierno y Junts per Catalunya para facilitar la elección de Francina Armengol como presidenta del Congreso, y es parte del frágil equilibrio parlamentario que mantiene a Pedro Sánchez en el poder.
Con información de eldiarioalerta.com
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