El Consejo de Ministros ha dado luz verde a dos anteproyectos que agilizan los procedimientos de protección internacional e introducen un «triaje» obligatorio de 72 horas para quienes entren irregularmente. Las medidas, que llegan casi un mes después de la entrada masiva en Ceuta, buscan endurecer el control fronterizo sin renunciar al «enfoque garantista».
El Gobierno ha movido ficha. Y lo ha hecho en pleno ojo del huracán migratorio.
Este martes, el Consejo de Ministros ha aprobado dos anteproyectos de ley que reforman en profundidad el sistema de asilo y extranjería en España. La decisión, que se produce casi un mes después de la entrada masiva de entre 70.000 y 80.000 personas en Ceuta, tiene un objetivo claro: adecuar la legislación española al Pacto Europeo de Migración y Asilo (PEMA), que entró en vigor el pasado junio.
El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha defendido las reformas como un paso necesario para contar con «un sistema de protección más ágil, eficaz, ordenado y garantista». Pero la realidad es que los cambios suponen un endurecimiento significativo de los controles en las fronteras y una aceleración de los procedimientos de expulsión.
Una nueva ley de Asilo con procedimientos ultrarrápidos
La futura Ley de Asilo, que sustituirá a la actual normativa, introduce una novedad clave: el llamado «procedimiento en frontera». Los solicitantes de protección internacional que lleguen irregularmente deberán permanecer en instalaciones policiales durante un máximo de 12 semanas mientras se resuelve su petición . Durante ese tiempo, no se autorizará su entrada formal en el país, una medida que, según el Gobierno, facilitará el retorno en caso de denegación.
Además, la ley distingue entre un procedimiento ordinario y un procedimiento acelerado, que deberá resolverse en un plazo máximo de tres meses. Esta agilización responde al incremento exponencial de solicitudes de asilo: de las 3.000 de 2009 a las 167.000 de 2024 y las 144.000 del año pasado.
El anteproyecto también incorpora de forma explícita nuevas realidades como la persecución por motivos de género, identidad de género y discapacidad, un avance en la protección de colectivos históricamente vulnerables.
El «triaje» de 72 horas: control antes de entrar
La reforma de la Ley de Extranjería introduce el «triaje», un procedimiento obligatorio de cribado para quienes entren irregularmente sin pasar por los controles fronterizos. El proceso incluye identificación, toma de datos biométricos, reconocimiento médico y una evaluación de vulnerabilidad.
Aunque la normativa europea permite que este proceso se prolongue hasta siete días, España ha fijado un límite de 72 horas, prorrogable solo por decisión judicial. Durante este tiempo, la persona permanecerá a disposición de las autoridades sin que se autorice formalmente su entrada al país. Un mecanismo que, en la práctica, facilita el retorno cuando no se reconoce el derecho a la protección internacional.
El contexto: Ceuta, el detonante
Las reformas llegan en un momento de máxima tensión migratoria. La entrada masiva de personas en Ceuta los días 30 y 31 de julio desbordó las capacidades de la ciudad autónoma y evidenció las carencias del sistema de acogida y protección internacional. Aunque más del 90% de los migrantes han regresado de forma voluntaria a sus países de origen, varios miles permanecen aún en la ciudad, y el Gobierno ha tenido que activar un mando único bajo la coordinación del ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, para gestionar la crisis.
El Ejecutivo insiste en que la reforma no es una respuesta directa a lo ocurrido en Ceuta, sino una adaptación al nuevo marco europeo que ya se estaba preparando con anterioridad. Pero el contexto ha acelerado los tiempos y ha dado a las medidas un cariz de urgencia que no pasa desapercibido para la oposición, que critica la demora del Gobierno en reaccionar.
Luces y sombras de la reforma
Los anteproyectos, que ahora deberán pasar por el trámite de informes preceptivos antes de su aprobación definitiva , representan un giro hacia un mayor control en la gestión de la inmigración irregular. Por un lado, refuerzan las garantías para menores, personas vulnerables y colectivos LGTBI+. Por otro, aceleran los plazos de expulsión y restringen el derecho de asilo en la frontera.
El Gobierno defiende que la reforma es «garantista» y compatible con la protección de los derechos humanos . Pero la realidad es que España se alinea con la política de «mano dura» que la Unión Europea ha impulsado en los últimos años: más control, más rapidez y más expulsiones. Una estrategia que, en plena crisis de Ceuta, el Gobierno ha decidido asumir como propia.
