El Ejecutivo llevará al Consejo de Ministros durante el próximo mes un paquete «ambicioso» y «transversal» para abordar de forma «integral» el problema del acceso a la vivienda. El decreto incluye la prórroga de los alquileres, la obligatoriedad de firmar los contratos por escrito, bonificaciones fiscales a propietarios que bajen la renta y la subida del IVA al 21% para las viviendas turísticas. El texto, que nace de un acuerdo interno en el Gobierno, está abierto a la negociación con los grupos parlamentarios para garantizar su convalidación.
Un plan estructurado en dos grandes bloques
La ministra portavoz, Elma Saiz, ha avanzado que el decreto se articulará en dos grandes ejes. El primero está orientado a contener el precio de los alquileres e incluye iniciativas como la regulación de los contratos temporales, la prórroga de los alquileres que venzan en 2026 y 2027, la obligatoriedad de que todos los contratos se formalicen por escrito y bonificaciones en el IRPF para los propietarios que decidan bajar el precio de la renta. El segundo bloque está destinado a aumentar la oferta de vivienda asequible y su principal medida es la subida del IVA al 21% para las viviendas turísticas.
La portavoz ha asegurado que el decreto incorporará propuestas que ya han recibido el respaldo de distintos grupos parlamentarios a lo largo de la legislatura, con el objetivo de lograr su convalidación en el Congreso.
Un decreto que nace del acuerdo entre PSOE y Sumar
A diferencia del anterior decreto de vivienda, que decayó en el Congreso a finales de abril tras el voto en contra de PP, Vox y Junts, este nuevo texto nace de un acuerdo alcanzado en el seno del Gobierno entre PSOE y Sumar. El ministro de Cultura, Ernest Urtasun, ha confirmado que el decreto no está cerrado y que en las próximas semanas «hay margen para seguir hablando con los grupos» parlamentarios.
La negociación más compleja se perfila con Junts, que ya ha puesto sobre la mesa sus condiciones para apoyar un nuevo decreto. La formación independentista exige, entre otras medidas, deducciones fiscales para los inquilinos con rentas inferiores a 33.007,20 euros, ayudas a propietarios y la transposición de la directiva europea del IVA franquiciado para autónomos que facturen menos de 85.000 euros anuales.
El IVA franquiciado, principal escollo de la negociación
Uno de los principales puntos de fricción es la transposición de la directiva europea del IVA franquiciado. La ley europea establece que los autónomos que facturen hasta 85.000 euros anuales pueden acogerse a esta exención, pero permite a los gobiernos nacionales establecer un límite inferior si así lo acuerdan. Mientras que Junts exige que en España el límite sea de 85.000 euros, el Ministerio de Hacienda (controlado por el PSOE) no parece dispuesto a llegar a esa cantidad por el impacto recaudatorio que supondría para el erario público.
El decreto se aprobará en el Consejo de Ministros de julio y será entonces cuando se conocerán los detalles definitivos del texto, que aún está abierto a modificaciones en función de las negociaciones que se produzcan en las próximas semanas.
