La Asociación Civil Venezuela Libre, con sede en España desde 2015, ha anunciado la interposición de una acción penal contra el periodista Antonio Maestre por presunta incitación al odio y a la discriminación hacia la comunidad venezolana residente en el país. La medida se produce tras la publicación del artículo titulado “La gusanera fascista venezolana en España”, difundido el 7 de enero de 2026 por el medio LaSexta.
Según informó la organización en un comunicado, la acción legal ha sido presentada con el acompañamiento del abogado Blas Jesús Imbroda, especialista en derechos humanos, y se sustenta en el artículo 510 del Código Penal español, que tipifica los delitos de odio. Venezuela Libre considera que el contenido del artículo atribuye de manera generalizada calificativos ideológicos a la diáspora venezolana, lo que, a su juicio, constituye un discurso estigmatizante basado en el origen nacional y las ideas políticas.
La asociación sostiene que dichas expresiones vulneran principios recogidos tanto en la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea como en la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, que ha avalado la imposición de sanciones frente a manifestaciones consideradas xenófobas o discriminatorias. En este contexto, la entidad señala que la publicación trasciende el ámbito de la crítica política para afectar a un colectivo definido por su nacionalidad.
Asimismo, Venezuela Libre recuerda el vínculo histórico entre España y Venezuela, destacando que durante el siglo XX el país sudamericano acogió a miles de ciudadanos españoles. Actualmente, según datos citados por la organización, cerca de 700.000 venezolanos residen en España, muchos de ellos integrados en sectores como la sanidad, la educación, la ingeniería y otras áreas productivas, contribuyendo al sistema económico y a la Seguridad Social.
En paralelo, la Plataforma Ayuda Venezuela ha informado que también presentó una denuncia formal ante la Fiscalía de Delitos de Odio de Madrid contra el mismo periodista, al considerar que el lenguaje empleado en el artículo objeto de controversia podría promover la estigmatización y la deshumanización de la comunidad venezolana en España.
Ambas organizaciones han subrayado que la libertad de expresión es un pilar fundamental en democracia, pero han recordado que este derecho no ampara manifestaciones que puedan incitar al desprecio, la hostilidad o la discriminación contra colectivos específicos. El caso queda ahora en manos de la Fiscalía, que deberá determinar si los hechos denunciados encajan en el marco legal vigente.
