El 12 de junio de 1985, a las 20.53 horas, tuvo lugar un hecho que cambió el rumbo histórico de nuestro país: la firma del Tratado de Adhesión de España a las Comunidades Europeas, la actual Unión Europea.
Se ponía fin de este modo a décadas de aislamiento continental por parte de los socios comunitarios, que siempre impusieron como línea roja el requisito indispensable de que España fuera una democracia consolidada para convertirse en miembro de pleno derecho.
La entonces denominada Comunidad Económica Europea surgió en 1957 con seis socios fundadores: Alemania Occidental, Francia, Italia, Bélgica, Países Bajos y Luxemburgo, que firmaron el Tratado de Roma en busca de la cooperación económica pero también política de estos países.
En plena dictadura franquista, España había logrado romper parte de su aislamiento internacional con la firma en 1953 del acuerdo para que Estados Unidos instalara bases militares en suelo español. Este hecho y el impulso de los planes de desarrollo que pusieron en marcha los ministros del llamado sector tecnócrata —grupo cercano al Opus en el que estaban nombres como Alberto Ullastres, Laureano López Rodó o Mariano Navarro Rubio— pronto hicieron comprender la necesidad de una apertura a mercados exteriores y, en ese sentido, la CEE se antojaba un objetivo primordial.
Aunque Franco era consciente de que la integración no era posible por cuestiones políticas —el llamado informe Birklebach excluía la posibilidad de integración de regímenes dictatoriales— en febrero de 1962 se dio el primer paso adelante al solicitar al presidente del Consejo de Ministros de la CEE, el francés Couve de Murville, la apertura de negociaciones para una posible vinculación de España a la Comunidad Económica Europea, siempre en términos económicos.
«Lo que fue muy beneficioso para España es que la contestación fue cordial», asegura a RTVE.es el historiador, escritor y analista de relaciones internacionales Julio Crespo MacLennan. «En la carta se dice que España no puede ingresar porque no es una democracia, pero que están abiertos a establecer una relación de tipo comercial. Entonces esto fue un incentivo para España porque la respuesta no fue negativa del todo», añade.
Dos años después, en 1964, el régimen volvió a insistir y la CEE se abrió a establecer lo que llamaron «conversaciones exploratorias», que culminaron seis años después, en 1970, con la firma del Acuerdo Comercial Preferencial, que consistía fundamentalmente en una rebaja mutua de aranceles. «El régimen lo intentó vender como un gran éxito y en cierta medida lo fue, porque era una forma de empezar a poder exportar a los países de la Comunidad Económica Europea sin abrirse del todo, porque tampoco la economía española estaba preparada para competir con países que estaban más desarrollados», señala Crespo MacLennan.
Sin embargo, la firma también ponía en evidencia que aquello era lo máximo que la España de la dictadura podía obtener de Europa y que solo con un cambio de régimen podría optar a ser miembro de pleno derecho. Una situación que comenzó a cambiar tras la muerte de Franco, el 20 de noviembre de 1975, y la llegada de Juan Carlos I como jefe de Estado.
De la dictadura a la democracia plena
En apenas año y medio, España pasó de ser una dictadura a celebrar en junio de 1977 las primeras elecciones libres en más de 40 años. El Gobierno que surgió de aquellos comicios, con Adolfo Suárez como presidente y ministros de la UCD, puso como prioridad el ingreso de España en la CEE, que había pasado a tener nueve miembros con la incorporación de Reino Unido, Irlanda y Dinamarca.
En su primer Consejo de Ministros, el 22 de julio de 1977, el nuevo Ejecutivo aprobó la decisión de enviar la carta en la que se solicitaba formalmente la adhesión que, esta vez sí, tuvo una respuesta favorable. Marcelino Oreja, entonces ministro de Exteriores, aseguraba en 2010 en una entrevista a Informe Semanal que «un momento antes de tomarse esa decisión, Adolfo Suárez recibió a Felipe González, secretario general del PSOE, y le dijo que iba a llevar aquello al Consejo de Ministros. Y Felipe González le dio su aprobación completa».
Enrique Barón, que en 1977 fue diputado socialista en el primer Parlamento de la democracia, recuerda en una entrevista con RTVE.es «con mucha emoción» el momento en el que Oreja planteó «la cuestión como prioritaria en el Congreso de los Diputados y tuvo el apoyo de todo el hemiciclo«, incluyendo el de los partidos nacionalistas catalanes y vascos y el del Partido Comunista.
«Todos los partidos estaban a favor, incluso el Partido Comunista«, comenta Crespo MacLennan. «Esto es muy interesante —prosigue el historiador y escritor— porque en otros países europeos los partidos comunistas consideraban que la CEE era una organización capitalista y no les interesaba. Sin embargo, Santiago Carrillo era mucho más pragmático y decía que entrar en la CEE significaba entrar en Europa».
Suárez incluso creó en febrero de 1978 el Ministerio para las Relaciones con las Comunidades Europeas, al frente del cual situó a Leopoldo Calvo-Sotelo y se incrementaron los contactos con la Comisión Europea, que el 29 de noviembre de ese año aprobó el dictamen favorable al ingreso, pero que también advirtió de algunos aspectos del sistema económico español, como el alto porcentaje agrario o el intervencionismo estatal en algunos sectores industriales, como el naval, la minería o la siderurgia, para los que exigía una reconversión.
«La permanencia en la OTAN no era una conditio sine qua non, pero sí algo que estaba estrechamente ligado, porque la situación geoestratégica de España es clave para Europa«, señala Barón. Los españoles fueron convocados a las urnas el 12 de marzo de 1986 para una consulta cuyo resultado no era vinculante, según indicó el Ejecutivo, y que determinó la permanencia en la Alianza con un 52,2% de los votos, despejando el último obstáculo para la plena membresía de España en la Comunidad Económica Europea.
