El Ministerio de Mónica García envía a las autonomías el borrador del real decreto sobre la información previa al aborto y el comité clínico. Se aprobará el 23 de octubre.
El Ministerio de Sanidad ha activado la vía de urgencia para aprobar el real decreto sobre el aborto. El departamento de Mónica García ha enviado a las comunidades autónomas el borrador del texto que regula la información previa que debe recibir la mujer antes de interrumpir su embarazo.
Un procedimiento exprés
El Ministerio ha elegido un Consejo Interterritorial «singular» para tramitar el decreto. Las comunidades tienen hasta las 14:00 horas de hoy para presentar sus alegaciones, que se realizarán por correo electrónico en lugar de en una reunión presencial.
El texto, elaborado conjuntamente por Sanidad e Igualdad, se someterá a aprobación en la próxima reunión del Consejo Interterritorial, prevista para el viernes 23 de octubre.
¿Qué incluye el decreto?
El real decreto busca garantizar que la mujer reciba una información veraz y comprensible antes de tomar la decisión. El texto regula:
🔹 La información previa que debe proporcionarse a la mujer
🔹 El plazo de reflexión entre la solicitud y el procedimiento
🔹 La composición del comité clínico que evaluará los casos de riesgo para la vida de la mujer o anomalías incompatibles con la vida del feto
🔹 Los protocolos de actuación en centros públicos y privados para garantizar la igualdad de acceso en todo el país
La polémica política
El PP y Vox han anunciado que recurrirán la norma ante el Tribunal Constitucional. Consideran que «vulnera la libertad de conciencia» de los profesionales sanitarios y que «impone una ideología«.
El Gobierno defiende que el decreto «garantiza el derecho a la información y a la salud reproductiva» de las mujeres. Fuentes de Sanidad acusan a la derecha de «querer volver al pasado«.
El contexto
El aborto ha sido uno de los temas más polémicos de la legislatura. La ley aprobada en 2023, que amplió los derechos de las mujeres y eliminó la obligación del consentimiento paterno para las menores de 16 y 17 años, ha sido recurrida por el PP y ha generado confrontación entre las comunidades gobernadas por la derecha y el Ejecutivo central.
Este real decreto busca desarrollar esa ley y garantizar que todas las mujeres reciban la misma información y tengan acceso a la interrupción del embarazo en condiciones de igualdad.
