Las acusaciones populares han presentado sus conclusiones en la recta final del juicio por el espionaje al extesorero del PP Luis Bárcenas. Los letrados del PSOE y Podemos sostienen que la operación Kitchen fue una «organización criminal» cuyo objetivo era proteger a la cúpula del Partido Popular de las investigaciones del caso Gürtel. La acusación particular, ejercida por la familia Bárcenas, considera que la información que guardaba el extesorero «podía hacer caer al Gobierno» de Mariano Rajoy.
Una «operación parapolicial delictiva»
En la Audiencia Nacional, el juicio por el caso Kitchen llega a la recta final. La acusación particular, ejercida por la familia Bárcenas, considera acreditado que Kitchen fue una «operación parapolicial delictiva clandestina e ilícita» organizada desde la cúpula de Interior para presionar al extesorero del PP e interceptar y «hacer desaparecer» información relacionada con el caso Gürtel.
Los letrados de PSOE y Podemos, personados como acusación popular, han ido más allá y creen que la operación fue llevada a cabo por una organización criminal que tenía al exministro del Interior Jorge Fernández Díaz como «cúspide». La abogada del PSOE, Gloria de Pascual, ha reproducido los argumentos del fiscal jefe de Anticorrupción en el juicio contra José Luis Ábalos para defender esta tesis.
El objetivo: proteger a la cúpula del PP
Jaime Montero, letrado de Podemos, ha recalcado que «los acusados conformaban una organización criminal cuya finalidad era la obstaculización de la investigación Gürtel, no porque a ellos les afectara personalmente, pero sí podía afectar a la cúpula del PP de la cual a la postre iban a depender sus carreras».
La acusación sitúa al exministro en la «cúspide» de una estructura jerárquica con reparto de funciones y considera que fue él quien dio al operativo policial el nombre del conductor del extesorero para que fuera captado como confidente. Su número dos, el exsecretario de Estado de Seguridad Francisco Martínez, actuó como correa de transmisión y despachaba prácticamente a diario con el comisario José Manuel Villarejo.
Las penas solicitadas
Podemos pide 27 años de prisión para el exministro Jorge Fernández Díaz, su ex número dos y el exDAO, y 24 años de cárcel para el resto de acusados. La acusación popular del PSOE ha rebajado en alrededor de un año las penas que pedía inicialmente, de 47 años de cárcel para el exministro.
Por su parte, la familia Bárcenas pide 17 años y medio de cárcel para el exministro del Interior, su ex número dos, el comisario José Manuel Villarejo y el resto de la cúpula policial, y 11 años y medio para el exchófer Sergio Ríos. La Abogacía del Estado también ve acreditada la operación ilegal.
El juicio se retomará el 22 de julio
Concluidas las intervenciones de las acusaciones, el juicio se retomará el próximo 22 de julio con los informes finales de las defensas. La decisión del tribunal determinará si la cúpula del Ministerio del Interior del primer Ejecutivo de Mariano Rajoy orquestó un operativo parapolicial para espiar al extesorero del PP y sustraerle información comprometedora para la formación política.
