El Palacio de la Moncloa ha anunciado la puesta en marcha de un plan de respuesta urgente para mitigar el impacto económico derivado de la guerra en Irán y la consecuente escalada de precios en el sector energético. El paquete de medidas tiene como eje principal un alivio fiscal directo al bolsillo de los ciudadanos y la protección del empleo en sectores vulnerables.
Dentro de las medidas más destacadas, el Gobierno aprobará un recorte significativo en la carga impositiva de los suministros básicos. El IVA de la luz, el gas y los carburantes, que actualmente se sitúa en el 21%, se reducirá al 10%. Esta medida busca amortiguar la subida de costes que los consumidores ya han empezado a notar tras el inicio de las hostilidades en Oriente Próximo.
Asimismo, la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, ha señalado que el plan incluirá medidas destinadas a la movilidad sostenible, con el objetivo de fomentar el uso del transporte colectivo como alternativa eficiente ante el encarecimiento de los combustibles.
En el ámbito laboral, el Ejecutivo introducirá una cláusula de protección que prohibirá a las empresas realizar despidos objetivos alegando causas económicas derivadas directamente del conflicto. Según ha adelantado Díaz, esta prohibición se vinculará específicamente a las dificultades provocadas por el alza de los precios energéticos.
El objetivo final de Moncloa es presentar un plan sólido que logre superar la «prueba de fuego» en el Congreso de los Diputados. El Gobierno busca no solo estabilidad legislativa, sino también lanzar un mensaje de calma a una ciudadanía preocupada por la inflación y la inestabilidad geopolítica actual.
