La tramitación de la nueva Ley del Cine y de la Cultura Audiovisual ha vuelto a la primera línea política después de que el ministro Ernest Urtasun exigiera al Partido Popular en el Congreso que retirase su enmienda a la totalidad. Pero mientras el debate parlamentario se calienta, los productores independientes alertan de que están siendo excluidos del proceso.
Las cinco asociaciones que agrupan al sector (AECINE, DIBOOS, PROA, PIAF-MAPA y PROFILM) han emitido un comunicado conjunto en el que, si bien celebran que el Ministerio haya «retomado la tramitación», reclaman una mesa de diálogo urgente antes de que el texto se apruebe definitivamente.
«Nos enteramos por la agenda parlamentaria»
El primer reproche de los productores es de forma. Según el comunicado, «la reactivación parlamentaria de la Ley del Cine no fue conocida por los cauces habituales». Las asociaciones firmantes supieron de su inminente tramitación «a través del seguimiento ordinario de la agenda parlamentaria», no porque el Ministerio las hubiera convocado.
«Lamentamos no haber sido informados ni convocados con antelación», afearon los productores. Y añadieron un diagnóstico contundente sobre el método del Ministerio: «Que el diálogo se invoque en sede parlamentaria y no antes, con quienes conocen el sector por dentro, no es solo un problema de formas: es un problema de método».
Tres peticiones concretas
En su escrito, las asociaciones han solicitado al Ministerio de Cultura tres puntos específicos:
- Una reunión de trabajo para conocer el estado actual del texto y las eventuales modificaciones previstas.
- El establecimiento de un calendario de consulta técnica con plazos verificables.
- La apertura de un grupo de trabajo específico sobre la definición de «productor independiente» y la actualización del articulado a la realidad del sector en 2026.
Los productores advierten de que la ley data de proyectos anteriores que no reflejan la situación actual de la industria audiovisual, marcada por la irrupción de las plataformas digitales, los nuevos modelos de negocio y las dificultades específicas de la producción independiente.
No se oponen, pero quieren ser escuchados
Las asociaciones han querido dejar claro que no se oponen a la tramitación de una nueva Ley del Cine. De hecho, «la reclaman». Pero matizan: «Reclamamos una ley que funcione, y para que funcione tiene que estar construida con el conocimiento de quienes la van a vivir».
El sector independiente representa una parte sustancial de la producción cinematográfica española, especialmente en el ámbito del cine de autor, la animación y el documental. Su capacidad de influir en el texto final es, a su juicio, clave para que la normativa no se convierta en un «traje a medida» de los grandes grupos.
El pulso Urtasun-PP en el Congreso
La exigencia de los productores llega días después de que el ministro de Cultura, Ernest Urtasun, protagonizara un duro intercambio en el Congreso con el Partido Popular. Urtasun pidió a los populares que retiraran la enmienda a la totalidad que registraron contra la ley.
«Están entregados no a la cultura, sino a una oposición completamente destructiva que no sirve para nada en este país. Tiene usted ahora una oportunidad de oro para corregir ese rumbo. ¿Va a retirar la enmienda a la totalidad y se va a sentar a trabajar con el resto de grupos a favor del cine español?», preguntó el ministro.
El PP, por su parte, mantiene su enmienda y considera que la ley es «intervencionista» y «dañina» para el sector. Los productores independientes, sin tomar partido explícitamente en esta disputa política, insisten en que el texto debe consensuarse con la industria antes de su aprobación.
Un momento delicado para el cine español
El debate sobre la ley llega en un momento de transformación profunda del sector audiovisual. Las plataformas de streaming (Netflix, Prime Video, HBO Max, Disney+) han cambiado las reglas del juego, y los productores independientes temen quedar relegados frente a los grandes grupos integrados verticalmente.
La definición de «productor independiente» es una de las cuestiones más sensibles. En proyectos anteriores de la ley, se establecían criterios de facturación, vinculación con televisiones y plataformas, y porcentajes de producción propia que generaron polémica. Los productores piden ahora «actualizar el articulado a la realidad del sector en 2026».
El Ministerio, sin respuesta por ahora
Hasta el cierre de esta edición, el Ministerio de Cultura no había respondido oficialmente a la petición de los productores. Tampoco se ha fijado una fecha para la reunión solicitada.
El tiempo apremia. La ley ya está en tramitación parlamentaria, y cualquier modificación sustancial del texto requerirá acuerdos entre los grupos políticos. Los productores independientes esperan que su voz sea escuchada antes de que sea demasiado tarde.
