Limitación del termostato y apagado de escaparates, primeras medidas de ahorro energético

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Foto: Cortesía

La limitación del termostato y el apagado de escaparates, las primeras medidas de ahorro energético que entran en vigor este miércoles.

Una semana después de la publicación en el Boletín Oficial del Estado del Real Decreto-ley de «ahorro, eficiencia energética y de reducción de la dependencia energética del gas natural». Este miércoles entran en vigor las primeras medidas: la limitación de la temperatura del aire acondicionado a 27 grados. Y, en paralelo, la de la calefacción a 19. Así como el apagado de las luces de escaparates y edificios públicos que estén desocupados a partir de las 22.00 horas. 

Pese a que fueron varias las comunidades autónomas que este lunes pidieron el aplazamiento o incluso la retirada del plan. El Gobierno se ha mantenido firme en su postura, aunque la ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera. Ha tenido que matizar en varias ocasiones la «flexibilidad» de las medidas ante el aluvión de críticas por parte del Partido Popular. 

La restricción del termostato afecta a edificios administrativos, comercios y grandes almacenes. Espacios culturales, restauración, hoteles, cines y edificios dedicados al transporte de viajeros, como aeropuertos y estaciones. Quedan excluidos los hospitales, centros educativos, gimnasios, peluquerías, lavanderías y las cocinas de los restaurantes. Debido a que se entiende que, por su naturaleza, estos espacios requieren unas condiciones climáticas específicas.

No obstante, la ministra reconoció el viernes que «allí donde haya espacios donde los trabajadores tengan que desplazarse y tengan un ejercicio físico, (el decreto), Debe aplicarse con la flexibilidad que corresponda», admitiendo así que los bares, restaurantes y comercios podrán bajar el aire acondicionado a 25 grados. Para cumplir así con la normativa de prevención de riesgos laborales.

«Es una norma que claramente contempla las excepciones necesarias para garantizar la climatización en todos los espacios. Sobre todo donde los trabajadores necesitan desarrollar sus actividades con una temperatura adecuada. También, por ejemplo, cuando haya picos de ocupación de determinados establecimientos», explicó el jueves la titular de Industria, Reyes Maroto.

Además, añadió que también estarán exentos de limitar el termostato los supermercados en las zonas en las que hay que «mantener la cadena de frío» de los alimentos. En todo caso, los establecimientos deberán justificar la no aplicación del límite de temperatura.

Por su parte, el apagado de luces a las 22.00 horas afecta a escaparates y edificios públicos que estén desocupados a dicha hora. No se aplicará, por tanto, al alumbrado ornamental de monumentos ni al alumbrado público. Esta medida fue la que desencadenó las primeras críticas por parte de la oposición. En concreto por parte de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. Que ha emprendido una particular batalla contra el plan del Ejecutivo de Pedro Sánchez.

Las críticas del PP

«Madrid no se apaga», escribió Ayuso en Twitter pocas horas después de que el Consejo de Ministros aprobara el decreto de medidas el pasado lunes. Una semana después y tras amagar con no aplicarlo, tanto su comunidad. Como Andalucía, Murcia, Galicia y Castilla y León -todas las gobernadas por el PP- pidieron en la Conferencia Sectorial de Energía de este lunes la retirada del decreto

«El decreto ley aprobado es el que es, no hay modificaciones», respondió Ribera. Que recordó que existe un «compromiso con Europa» para reducir un 7% el consumo de gas ante la amenaza de un corte de suministro por parte de Rusia. Y estimó que estas primeras medidas aportarán un ahorro del 4-5%.

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La reacción del PP no se hizo esperar. Además de reclamar la convocatoria de una Conferencia de Presidentes e insistir en la retirada del plan. Que el vicesecretario de Organización Territorial, Miguel Tellado, calificó este lunes como «una broma de mal gusto», «incongruente» e «inútil». 

Los populares basan sus críticas en la falta de consenso y en que la normativa crea «una enorme inseguridad jurídica». Si bien dan libertad a cada comunidad autónoma para que tome sus propias decisiones. Madrid ha anunciado que presentará un recurso de inconstitucionalidad al plan energético al considerar que se está poniendo en cuestión «las competencias propias» de la Comunidad. En concreto, las ligadas al comercio.

Según lo previsto en el decreto aprobado el lunes por el Consejo de Ministros, en caso de incumplimiento de las medidas de ahorro energético. Las sanciones que se aplicarán serán las recogidas en el Reglamento de Instalaciones Térmicas de los Edificios (RITE). Que a su vez remite a la Ley 21/1992, de 16 de julio, de Industria.

De este modo, los espacios comerciales, edificios públicos, espacios culturales y hoteles que incumplan el plan de ahorro. Y eficiencia energética afrontarán multas de hasta 60.000 euros por infracciones leves, de hasta seis millones de euros por las graves y de hasta 100 millones de euros por las muy graves.

Periodo transitorio

Ribera ha insistido en que las medidas no buscan la «sanción ni el incumplimiento», por lo que habrá un periodo transitorio en el que no se multará. «No se pretende sancionar, se pretende encauzar, por lo tanto tenemos que darnos un margen. Claro que debemos estar todos vigilantes y reforzar la idea de que las normas están para cumplirlas«. Ha afirmado este martes la ministra. «No creo que nadie vaya a imponer multas rápidamente. Sino al revés, tendrá que haber un procedimiento previo y sobre esa base, de forma proporcionada, ir adoptando medidas», ha explicado.

No obstante, la vicepresidenta tercera ha advertido de que «si pasa el tiempo y aquí no pasa nada». Habría que pensar «obviamente» cuáles son los recursos y «probablemente lo que corresponde es un conflicto negativo de competencias». Si se constata que la administración autonómica pretende no aplicar la norma. «Creo que cualquier gobierno responsable sabe que las normas están para aplicarlas y se evitará la insumisión», ha subrayado.

Además de limitar el termostato y apagar las luces, a partir del 2 de septiembre los edificios afectados deberán contar con cartelería. Y señales que informen sobre la aplicación de las medidas de ahorro energético. Entre las que se incluyen otras como la instalación de un sistema de cierre de puertas adecuado antes del 30 de septiembre.

También hay un plazo hasta el 1 de diciembre para la revisión de calderas e instalaciones térmicas y de agua caliente que no hayan pasado ningún control desde enero de 2021.

El objetivo de este paquete de medidas, que estará en vigor hasta noviembre de 2023 y al que sucederá en septiembre un plan de contingencia más restrictivo. Es reducir un 7% el consumo de gas para cumplir con los compromisos europeos y prepararse ante un posible corte de suministro por parte de Rusia.

Con información de 20 minutos

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