Desde la Comunidad de Madrid, el equipo de Isabel Díaz Ayuso asegura que sus advertencias sobre las concesiones económicas del Gobierno de Pedro Sánchez al independentismo catalán se han cumplido.
Calculan que la presidenta ha denunciado públicamente esta situación en al menos quince ocasiones en los últimos años. Por eso, el reciente acuerdo para crear una Hacienda catalana que gestione sus propios impuestos no sorprende en Madrid; de hecho, consideran que el perjuicio para el resto de las comunidades es ahora más explícito y directo que nunca.
Cataluña y la «cláusula limitante»: un ataque a la política fiscal madrileña
Aunque el Gobierno central insiste en que «no habrá ningún privilegio» para Cataluña, Madrid ha interpretado una cláusula en el acuerdo bilateral (entre el Gobierno y la Generalitat) que «limita» la capacidad de otras comunidades para bajar impuestos como un ataque directo a la política fiscal de Ayuso. En otras palabras, no solo se beneficia a una región, sino que se busca frenar la estrategia de aquellas autonomías, especialmente las gobernadas por el PP, que apuestan por reducir la presión fiscal.
La Consejería de Hacienda de Madrid estima que el «cupo separatista» le costará unos 900 euros a cada madrileño. Si a esto se le suma la condonación de deuda y el fondo de competitividad, la factura total ya asciende a más de 2.000 euros por habitante. Y advierten que esta cifra podría aumentar, dado que los detalles del último acuerdo aún no se conocen completamente.
Madrid se prepara para la batalla legal y critica la «economía intervenida»
«Vamos hacia una economía intervenida», deslizó ayer la presidenta Ayuso, reiterando sus pronósticos. El plan de la Comunidad de Madrid es llevar este acuerdo ante la Justicia, tanto al Tribunal Constitucional como a la Audiencia Nacional, y desobedecerlo amparándose en la «autonomía fiscal» que les otorga su estatuto. Esta estrategia no es nueva; ya la usaron, por ejemplo, con el impuesto a las grandes fortunas, que fue avalado por los tribunales tras un recurso de Ayuso. Como «venganza», Madrid aprobó por ley que lo recaudado por este impuesto se quedara en sus arcas, a pesar de que la consejera Rocío Albert ha pedido en varias ocasiones su retirada, ya que fue planteado como «temporal». Aun así, Madrid espera recaudar 563 millones por esta tasa en 2025.
Un malestar fiscal de larga data
El descontento de Madrid en materia de financiación no es nuevo y va más allá del reciente acuerdo de financiación «singular» para Cataluña. Ayuso ya criticó en 2021 el fondo de competitividad, concebido teóricamente para compensar desigualdades territoriales, pero que Sol (el Gobierno de Madrid) vio como una «trampa» para penalizar a la capital. Desde entonces, Madrid exige una compensación de más de 4.000 millones de euros.
La condonación de la deuda catalana es el penúltimo capítulo de esta disputa. Ayuso calculó en febrero que costaría casi 500 euros por madrileño, y anunció su intención de recurrirla, así como su ausencia en el Consejo de Política Fiscal y Financiera. La presidenta es contundente: «Quieren que los madrileños paguemos los desmanes de los independentistas». Es más, asegura que todos estos movimientos son preparatorios para un futuro «golpe» del secesionismo.
La factura para los madrileños se completa con dos «agravios» adicionales, aunque no directamente relacionados con la financiación territorial, que refuerzan los argumentos económicos de Madrid: el reparto de los fondos europeos (también recurrido por la Comunidad de Madrid por generar importantes desigualdades territoriales, 584 euros por madrileño frente a 673 por catalán) y el conteo de inversiones territoriales de los últimos años (con una diferencia de cien euros por habitante entre Cataluña y la Comunidad de Madrid: 297,45 euros por habitante en Cataluña frente a 193,35 euros en Madrid).
Con información de elmundo.es
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