La acusación popular ha tenido que reformular su petición inicial después de que la Audiencia Provincial de Madrid suprimiera los delitos de corrupción en los negocios y apropiación indebida. La organización Hazte Oír ha solicitado estas penas para la mujer del presidente del Gobierno y para su asistente en Moncloa, Cristina Álvarez.
Una petición de condena revisada a la baja
La organización Hazte Oír, que ejerce la acusación popular en el ‘caso Begoña Gómez’, ha presentado este martes su escrito de acusación definitivo. En él, la entidad solicita 13 años de prisión para Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno, y 6 años de cárcel para su asistente en Moncloa, Cristina Álvarez.
La petición supone una reducción significativa respecto a la inicial, que solicitaba 24 años para Gómez y 22 años para Álvarez. Este cambio se debe a la decisión de la Audiencia Provincial de Madrid del pasado 16 de julio, que excluyó de la causa los delitos de corrupción en los negocios y apropiación indebida.
Los delitos que se mantienen
Con la exclusión de estos dos delitos, la acusación popular centra su petición en los delitos de tráfico de influencias y administración desleal. Ambos estarían relacionados con la actividad profesional de Begoña Gómez y su presunta influencia en la adjudicación de contratos públicos a empresarios vinculados a su entorno.
La defensa de Begoña Gómez ya ha anunciado que recurrirá la decisión de la Audiencia Provincial, y ha calificado la petición de Hazte Oír como «desproporcionada» y «sin fundamento».
El contexto del ‘caso Begoña Gómez’
El caso, que se encuentra en fase de instrucción, investiga la actividad profesional de la esposa del presidente del Gobierno y su presunta implicación en un entramado de tráfico de influencias para favorecer a determinadas empresas. La investigación se inició a raíz de una denuncia presentada por el colectivo Manos Limpias y fue retomada por el juez Juan Carlos Peinado, que ha citado a declarar a varios testigos y ha solicitado diversa documentación.
La Audiencia Provincial de Madrid decidió archivar las imputaciones por corrupción en los negocios y apropiación indebida, pero mantuvo la investigación por tráfico de influencias.
