El Ministerio de Hacienda ha accedido a la solicitud de las comunidades gobernadas por el Partido Popular y ha decidido retrasar la celebración del Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF), convocado inicialmente para este miércoles. El encuentro, en el que se iba a abordar la reforma del sistema de financiación autonómica, se celebrará finalmente el 4 de septiembre. Fuentes ministeriales han asegurado que el Gobierno «lleva meses ofreciendo vías de diálogo» y han mostrado su confianza en que las regiones del PP «antepongan los intereses de la ciudadanía a los dictados de Génova».
Un aplazamiento que refleja el desacuerdo con la reforma
El Ministerio de Hacienda ha recogido el guante de las comunidades autónomas gobernadas por el Partido Popular y ha decidido aplazar la reunión del CPFF, que estaba prevista para este miércoles. La medida responde a las críticas de los gobiernos populares, que consideran que la reforma del sistema de financiación, pactada entre el Gobierno y ERC, se ha hecho «a espaldas de todas las demás» comunidades.
Las once CCAA gobernadas por el PP, junto con Ceuta y Melilla, han argumentado que la propuesta del Ejecutivo es prácticamente la misma que presentó en enero y que ya fue rechazada por 16 de los 17 territorios integrados en el modelo. En su opinión, una reforma pactada «con una de las partes y a espaldas de todas las demás no puede pretender aprobarse ahora de manera apresurada, con un calendario que impide siquiera su examen».
El acuerdo entre el Gobierno y ERC, el origen de la polémica
El motivo del desencuentro radica en la reforma del sistema de financiación autonómica pactada entre el Gobierno central y ERC, que solo cuenta con el apoyo de Cataluña. La propuesta, que ha sido calificada por el bloque popular como «fruto de un pacto bilateral», cedería unos 21.000 millones de euros del Estado a las comunidades autónomas para aumentar su financiación. La intención es que ningún territorio pierda recursos con la actualización del modelo.
La reforma se lograría mediante una mayor cesión del Estado de los dos grandes impuestos del sistema tributario español: el IRPF y el IVA. El porcentaje cedido en el impuesto sobre la Renta pasaría del 50% actual al 55%, mientras que el del IVA pasaría del 50 al 56,5%. Además, se incorporarían a los recursos del sistema el impuesto sobre el Patrimonio, el tributo sobre los depósitos bancarios, el juego y los residuos en vertederos. A esto se sumaría una aportación adicional del Estado para reducir las diferencias entre las regiones.
El voto favorable de Canarias y la postura de las CCAA del PP
El cambio de fecha se ha producido después de que Canarias trasladara su voto favorable a la reforma, tras ver reconocidas sus singularidades con planteamientos «razonables que no perjudican a otras comunidades» y que reportarán 1.300 millones adicionales a las cuentas del archipiélago. Sin embargo, el bloque de comunidades gobernadas por el PP ha solicitado el aplazamiento, argumentando que no hay oportunidad de celebrar una reunión en medio de la oleada de incendios que ha motivado la declaración de emergencia en todo el país.
El calendario de la reforma
Una vez se discuta la propuesta en el CPFF en septiembre, el Gobierno deberá llevar un texto normativo ya articulado al Consejo de Ministros después de verano. Posteriormente, la norma deberá llegar al Congreso de los Diputados para su aprobación antes de que acabe el año. Sin embargo, el Ejecutivo no tiene garantizados los apoyos parlamentarios suficientes para sacarla adelante.
El planteamiento es que la ley pueda estar en vigor según empiece el ejercicio 2027. No obstante, esto no es condición suficiente para que se aplique. Las comunidades que quisieran adherirse al nuevo sistema (que es voluntario) tendrían que firmar un acuerdo de aceptación en la Comisión Mixta de Asuntos Económicos y Fiscales correspondiente. Además, sería necesario que se apruebe una ley de régimen de cesión de tributos del Estado a cada autonomía, que recoja el alcance y las condiciones de dicha cesión.
