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Gabilondo pone fin a cinco años como Defensor del Pueblo y Jiménez-Becerril asume el cargo en funciones

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Foto: El Confidencial

El BOE publica este miércoles la vacante del cargo que Gabilondo ocupaba desde el 18 de noviembre de 2021, tras un acuerdo entre PSOE y PP. La hasta ahora adjunta primera, Teresa Jiménez-Becerril, dirigirá la institución hasta que las Cortes designen al sucesor por mayoría de tres quintos.

Ángel Gabilondo ha finalizado este miércoles su mandato como Defensor del Pueblo al cumplirse cinco años desde que tomó posesión, el 18 de noviembre de 2021. El Boletín Oficial del Estado (BOE) ha publicado la vacante del cargo, que asume de forma interina la hasta ahora adjunta primera, Teresa Jiménez-Becerril, tal y como establece la Ley Orgánica de la institución.

El relevo en funciones

Jiménez-Becerril dirigirá la institución hasta que las Cortes Generales designen al nuevo titular por una mayoría de tres quintos. La nueva Defensora del Pueblo en funciones nació en Sevilla y es licenciada en Ciencias de la Información por la Universidad Complutense de Madrid. Fue eurodiputada del Partido Popular entre 2009 y 2019, y posteriormente diputada por Sevilla en el Congreso hasta su nombramiento como adjunta primera del Defensor del Pueblo. Preside la Fundación Contra el Terrorismo y la Violencia Alberto Jiménez-Becerril.

La despedida en Zarzuela

Días antes de dejar el cargo, el rey Felipe VI recibió a Gabilondo en el Palacio de la Zarzuela con motivo de la finalización de su mandato. La audiencia se celebró el 10 de noviembre. según confirmó la Casa Real. Gabilondo llegó al cargo tras un acuerdo entre el PSOE y el Partido Popular, y durante su mandato la institución recibió cerca de 213.000 quejas y presentó seis recursos ante el Tribunal Constitucional, según el balance difundido por RTVE.

Un legado marcado por los abusos en la Iglesia

Entre los trabajos más destacados de su mandato figura el informe encargado por el Congreso sobre los abusos sexuales a menores en el ámbito de la Iglesia católica, que estimó que un 1,13% de la población española podría haber sufrido abusos en contextos religiosos durante su infancia, una proyección equivalente a unas 440.000 personas. El informe planteó medidas de reconocimiento, reparación y prevención.

La institución queda ahora en manos de Jiménez-Becerril hasta que el nuevo Congreso surgido del 29N alcance la mayoría necesaria para nombrar al sucesor de Gabilondo.