Un reciente análisis publicado por la Fundación de Estudios de Economía Aplicada (Fedea), basado en datos del Ministerio para la Transición Ecológica a cierre de 2025, ha puesto de manifiesto una profunda ineficiencia en el sistema de protección energética en España. Según el informe elaborado por el catedrático Diego Rodríguez, más de la mitad de los beneficiarios del bono social eléctrico bajo las categorías de «familia numerosa» y «pensionista con pensión mínima» no requieren la ayuda por motivos de precariedad económica.
El estudio detalla que, de las casi 500.000 familias numerosas acogidas al bono, 283.000 (el 62,3%) no califican como vulnerables severos. Una situación similar ocurre con el colectivo de jubilados: el 63,1% de los pensionistas que cobran la ayuda podrían afrontar sus facturas eléctricas sin este subsidio público, al no encontrarse en situación de necesidad extrema.
La polémica se acentúa en la Comunidad de Madrid, donde se concentra el 18% de los títulos de familia numerosa del país. Al ser una de las regiones con mayor renta per cápita, el acceso automático al bono —sin filtro de ingresos— ha permitido que hogares de rentas altas se beneficien de una partida diseñada para combatir la pobreza energética. Mientras que la media nacional de penetración del bono es del 8,81%, en Madrid asciende al 10,89%, un dato que los expertos no atribuyen a una mayor pobreza, sino al diseño legal de la ayuda.
Fedea destaca que, por el contrario, el acceso al bono a través del Ingreso Mínimo Vital (IMV) sí es efectivo, alcanzando en un 83,2% de los casos a personas en vulnerabilidad severa. Ante estos datos, y tras casos mediáticos de altos cargos políticos beneficiándose de la medida, el Gobierno ha anunciado una revisión de los criterios. El objetivo es que el título de familia numerosa o pensionista deje de ser un «cheque en blanco» y pase a estar condicionado por un umbral de renta, garantizando que los recursos públicos lleguen a quienes realmente no pueden encender la calefacción o la luz.
