España, Alemania, Italia, Austria, Polonia y Portugal reclaman a la UE un gravamen similar al de 2022. Denuncian que el conflicto en Oriente Medio está inflando las cuentas de las grandes compañías mientras las familias sufren el precio de la energía.
¿Quién paga la factura de la guerra? Para seis países europeos, la respuesta está clara: las petroleras, que están nadando en beneficios mientras las familias ahogan sus facturas.
España, Alemania, Italia, Austria, Polonia y Portugal han decidido mover ficha. Los ministros de Economía de estos seis países han remitido una carta a la presidencia irlandesa de la UE en la que exigen que el impuesto a los beneficios extraordinarios de las petroleras vuelva a la agenda europea. Su objetivo: que el debate se produzca en la reunión del Ecofin del 18 y 19 de septiembre en Dublín.
La guerra en Oriente Medio ha provocado un terremoto energético que está haciendo temblar los bolsillos de los ciudadanos. Pero, mientras las familias aprietan el cinturón, las grandes compañías del sector están disparando sus cifras de negocio. Los seis países han puesto el dedo en la llaga: «quienes se están beneficiando de la crisis deben contribuir a aliviar la carga que soporta la población», subrayan en el texto.
La guerra infla los beneficios
Los ministros firmantes han denunciado que «las compañías petroleras están disfrutando de una elevada rentabilidad general» que supera incluso el propio incremento del precio del crudo. Unos márgenes que, según advierten, «superan el incremento de los precios del petróleo» y no se corresponden con el esfuerzo que están haciendo los consumidores.
En su análisis, los seis gobiernos consideran que el conflicto en Oriente Medio está provocando «una de las mayores perturbaciones de la oferta de las últimas décadas». Las medidas que han tomado los distintos países, por ahora, no han logrado frenar la escalada de precios ni ofrecer un respiro a hogares y empresas. Los ciudadanos, hartos de que la factura energética se coma sus ahorros, reclaman soluciones que van más allá de los parches.
El fantasma del impuesto de 2022 regresa
No es la primera vez que Bruselas se enfrenta a este debate. Durante la invasión rusa de Ucrania, la UE ya aprobó un gravamen similar para frenar las ganancias desorbitadas de las petroleras. Aquel impuesto temporal establecía una contribución de solidaridad del 33% sobre los beneficios que superaran el 20% de la media de los cuatro ejercicios anteriores.
Ahora, los seis países quieren ir más allá y aprender de aquella experiencia. La novedad de esta nueva petición es que reclaman un análisis más profundo para incluir de forma más selectiva los beneficios que las multinacionales obtienen en el extranjero. Quieren evitar que los grandes grupos puedan desviar sus plusvalías a paraísos fiscales o a operaciones fuera del territorio comunitario para eludir el pago del impuesto.
El frente se ensancha
La presión sobre Bruselas no es nueva. Hace apenas cuatro meses, en abril, España, Alemania, Italia, Austria y Portugal ya habían enviado un primer aviso a la Comisión Europea reclamando un marco común para gravar las rentas inesperadas del sector. Ahora se han sumado Polonia y el mensaje tiene más fuerza que nunca.
El ministro español, Carlos Cuerpo, se ha convertido en uno de los grandes impulsores de esta iniciativa junto a sus homólogos de los países socios. La carta conjunta, que ha sido desvelada por AFP y recogida por varios medios europeos, refleja un malestar creciente entre los gobiernos comunitarios: la convicción de que las petroleras se están aprovechando de la inestabilidad geopolítica.
Desde el Ministerio de Economía español confían en que la presidencia irlandesa de la UE incluya el asunto en el orden del día del próximo Ecofin. El debate, aseguran, es «absolutamente necesario» para proteger el mercado único y garantizar que la factura no la paguen siempre los mismos.
