El organismo internacional sitúa a España por detrás de Turquía, Hungría e Islandia, con un IPC armonizado del 4,6% en agosto y un 5% estimado en septiembre. La OCDE ha elevado cinco décimas su previsión anual, hasta el 3,6%, lo que implicará más gasto en intereses de la deuda y pensiones. La oposición exige deflactar el IRPF para las rentas medias y bajas, una medida que supondría un ahorro de 400 euros anuales por familia y un coste de 12.000 millones para las arcas públicas.
España sigue sin controlar la inflación. Los últimos datos de la OCDE sitúan al país como el cuarto del mundo desarrollado con más inflación, solo por detrás de Turquía, Hungría e Islandia. En términos armonizados —el indicador que permite comparar de forma homogénea entre países—, la inflación española se situó en el 4,6% en agosto, frente al 3,9% de julio, muy por encima de las grandes economías europeas y de Estados Unidos y Reino Unido. El indicador adelantado del Instituto Nacional de Estadística (INE) apunta además a que en septiembre el IPC armonizado ha ascendido hasta el 5%, una cifra que aún debe confirmarse.
La OCDE ha elevado en cinco décimas su previsión de inflación para España para el conjunto del año, hasta el 3,6%, lo que tendrá consecuencias directas sobre las cuentas públicas y sobre los bolsillos de los ciudadanos. El alza de los precios implica más gasto en intereses de la deuda, incrementos en las hipotecas y un mayor desembolso en pensiones y prestaciones sociales, que están indexadas a la inflación. Además, la subida de precios golpea con especial dureza a las rentas más bajas, que destinan una mayor proporción de sus ingresos a bienes y servicios básicos.
La presión sobre el BCE y las hipotecas
La inflación se ha vuelto a convertir en un problema estructural para España y para la zona euro, que acumula un alza de los precios por encima del 2% —el objetivo del Banco Central Europeo— desde hace meses. Esta situación obliga al BCE a mantener una política monetaria restrictiva, con tipos de interés elevados, lo que encadena subidas de los intereses que se pagan por la deuda y incrementos en las hipotecas que abonan mensualmente miles de ciudadanos.
La exigencia de deflactar el IRPF
Ante este escenario, la oposición política lleva años exigiendo al Gobierno que deflacte el IRPF a las clases bajas y medias, es decir, que ajuste el impuesto a la inflación para que los contribuyentes no paguen más por el simple hecho de que sus salarios suban nominalmente para compensar la subida de precios. La propuesta del PP, liderada por Alberto Núñez Feijóo, contempla deflactar el IRPF hasta las declaraciones que no superen los 40.000 euros anuales, lo que supondría un ahorro medio de 400 euros anuales por familia.
Para las arcas públicas, esta medida tendría un coste estimado de 12.000 millones de euros anuales, según los asesores fiscales. Una cifra que, según los populares, es asumible teniendo en cuenta que la recaudación por impuestos se ha disparado —por las subidas tributarias y por la propia inflación— hasta superar los 250.000 millones de euros. De hecho, el propio Gobierno ha anunciado este mismo martes la movilización de 10.000 millones de euros para conceder créditos de hasta 50.000 euros sin interés para la compra de la primera vivienda.
La negativa del Gobierno
El Gobierno, sin embargo, se ha negado en repetidas ocasiones a deflactar el IRPF. Su argumento es que esta medida beneficiaría también a las grandes fortunas en esos primeros 40.000 euros de cotización, y defiende que ya ha adoptado otras medidas para aliviar la carga fiscal de las rentas bajas, como la rebaja del IRPF que, según el Ejecutivo, supone un ahorro de 871 euros anuales para los contribuyentes con rentas más modestas.
Los expertos advierten de que, si la inflación se mantiene en los niveles actuales y el Gobierno no ajusta el IRPF, los ciudadanos seguirán perdiendo poder adquisitivo, ya que el aumento nominal de sus salarios se verá absorbido por la subida de precios y por el incremento de la carga fiscal. La deflactación del IRPF se ha convertido, así, en uno de los principales caballos de batalla entre el Gobierno y la oposición de cara a las elecciones del 29 de noviembre.
