Después de años de espera, España da un paso crucial hacia la transparencia. El Consejo de Ministros ha aprobado el proyecto de ley de Información Clasificada, cumpliendo el compromiso del presidente Pedro Sánchez con Aitor Esteban del PNV.
Esta nueva normativa reemplazará la anticuada Ley de Secretos Oficiales de 1968, permitiendo el acceso a documentos históricos clave del franquismo, la Transición y el intento de golpe de Estado del 23-F.
La pieza central de esta ley es la desclasificación automática de documentos de más de 45 años, salvo excepciones por seguridad y defensa nacional. Como explicó el ministro Félix Bolaños, una vez que la ley sea aprobada y entre en vigor (tras un año de «vacatio legis» desde su publicación en el BOE), la información desde 1981 en adelante, incluyendo el 23-F, comenzará a ser accesible al público.
Desclasificación Gradual y Prioritaria
El proyecto de ley establece un sistema claro para el acceso a la documentación, definiendo categorías de información clasificada y sus plazos de desclasificación:
- Alto Secreto: Se desclasifica en 45 años, con una posible prórroga única de 15 años.
- Secreto: El plazo es de 35 años, con una prórroga de 10 años.
- Confidencial: Se desclasifica entre 7 y 9 años, sin prórroga.
- Restringido: El plazo es de 4 a 5 años, también sin prórroga.
Las prórrogas solo se aplicarán si existen razones fundadas de seguridad y defensa nacional.
Bolaños subrayó el «volumen ingente» de información del Estado y señaló que la desclasificación se realizará de forma gradual, priorizando los documentos relacionados con violaciones de derechos humanos durante la dictadura.
Además, la nueva ley crea la Autoridad Nacional para la Protección de la Información Clasificada, que ahora dependerá del Ministerio de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, a diferencia de su actual dependencia del CNI.
Con información de La Vanguardia
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