Exteriores y Justicia han remitido al alto tribunal la relación nominal de los afectados, horas antes de que expirara el plazo de cinco días. Solo 901 personas han acreditado ser hijos o nietos de exiliados y mantienen el derecho al voto para el 29N. El Supremo investiga un incremento irregular del censo denunciado por Vox e Iustitia Europa.
El Gobierno ha cumplido, ‘in extremis’, con el requerimiento del Tribunal Supremo. Los ministerios de Asuntos Exteriores y Justicia han entregado este jueves al alto tribunal dos listados con la identidad de las 163.355 personas nacionalizadas al amparo de la ‘ley de nietos’ cuyo derecho al voto está suspendido para las elecciones del 29 de noviembre.
El plazo expiraba a las 15:00
La entrega se ha producido horas antes de que expirara el plazo de cinco días que la Sala de lo Contencioso-Administrativo había dado al Gobierno, bajo advertencia de multa. El Supremo reclamaba la relación nominal de las personas afectadas por la suspensión cautelar del voto, una medida adoptada tras la denuncia de Vox e Iustitia Europa por un presunto incremento irregular del censo electoral.
Según ha informado el Ejecutivo, la lista asciende a 163.355 personas, por encima de la cifra de 163.020 que se había manejado hasta ahora. Fuentes de Exteriores han precisado a la agencia EFE que, del total, solo 901 personas han acreditado ser hijos o nietos de exiliados por razones políticas, el requisito que exige el alto tribunal para poder votar. Estas personas sí mantienen el derecho al voto para el 29N.
La ‘ley de nietos’, en el punto de mira
La ‘ley de nietos’ es una disposición de la Ley de Memoria Democrática que permite optar a la nacionalidad española a hijos y nietos de españoles que sufrieron exilio por razones políticas, ideológicas, de creencia o de orientación sexual. Para su aplicación, el Gobierno aprobó una instrucción que establece que se «presumirá» la condición de exiliado a todos los españoles que salieron de España entre 1936 y 1955.
Vox e Iustitia Europa recurrieron esa instrucción al considerar que se estaba produciendo un fraude de ley en la concesión masiva de nacionalidades. El Supremo les dio la razón de forma cautelar y suspendió las altas en el censo electoral de los afectados, una decisión que ha dejado en el aire el voto de más de 163.000 personas a menos de una semana de los comicios.
La polémica política
La decisión del Supremo ha generado una profunda división política. El PSOE y sus socios han acusado al alto tribunal de «vulnerar el derecho al voto» de miles de ciudadanos, mientras que el PP y Vox han defendido la medida como un mecanismo para «garantizar la pureza del censo».
El Gobierno ha anunciado que estudiará «todas las vías legales disponibles» para revertir la situación, aunque el tiempo se agota: el censo electoral se cierra definitivamente esta semana y no hay margen para incluir a los afectados en las listas del 29N.
