El equipo legal del expresidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, ha planteado formalmente la nulidad de dos de los pilares probatorios más críticos dentro del ‘caso Plus Ultra’, la causa que investiga un presunto delito de tráfico de influencias en la concesión de ayudas públicas por valor de 53 millones de euros a la aerolínea durante la pandemia. Menos de una semana después de la comparecencia de Zapatero como investigado ante la Audiencia Nacional, sus abogados han recurrido ante el Tribunal Central de Instancia para exigir que se verifique la legalidad formal de los dispositivos digitales utilizados para fundamentar su acusación.
La estrategia de la defensa, encabezada por los letrados Víctor Moreno Catena y Roberto Granizo Palomeque, se divide en dos frentes simultáneos: impugnar el acceso a un disco duro incautado a un abogado de la causa en Madrid y exigir a las autoridades de Estados Unidos que acrediten las garantías constitucionales bajo las que intervinieron el teléfono móvil de un exdirectivo de la compañía aérea
El disco duro de Palomero: Denuncia de vulneración al secreto de comunicaciones
El primer escrito dirigido al titular del Juzgado Central de Instrucción, José Luis Calama, insta a la Fiscalía Especial contra la Corrupción y la Criminalidad Organizada a exhibir de forma urgente la resolución judicial motivada que autorizó el vaciado y desglose de un disco duro intervenido al abogado Miguel Palomero de Juan. La defensa argumenta que los informes de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de noviembre de 2025 incorporaron análisis de chats privados sin que conste el aval expreso exigido por la legislación española para delitos graves.
El recurso enfatiza que la providencia de simple entrega de soportes no equivale legalmente a una habilitación judicial para desentrañar datos íntimos. Asimismo, el equipo legal invoca la presunta vulneración del principio de especialidad, advirtiendo que parte del material digital indexado en el expediente proviene de comisiones rogatorias con Suiza y Francia emitidas para procedimientos totalmente ajenos, por lo que su reutilización en esta causa penal requeriría una validación judicial autónoma que certifique los presupuestos legales.
El teléfono de Rodolfo Reyes y las garantías constitucionales de EE. UU.
El segundo eje de la reclamación se centra en los datos aportados por la agencia Homeland Security Investigations procedentes del terminal móvil de Rodolfo Reyes Rojas, accionista de la aerolínea. De este dispositivo emanaron las comunicaciones que la instrucción considera indicios vertebrales del caso, donde constan frases explícitas como «Nuestro pana Zapatero detrás» o «Zapatero aquí manda», empleadas por los investigadores para reconstruir la presunta intermediación del exlíder socialista.
A pesar de que el juez Calama solicitó cooperación jurídica internacional a Washington para utilizar formalmente el contenido del chat en el juicio, la defensa de Zapatero considera el trámite insuficiente bajo los estándares de derecho españoles y europeos:
El argumento constitucional de la defensa: «La mera autorización de una autoridad norteamericana para utilizar esas comunicaciones personales en un proceso penal tiene un alcance muy limitado. No permite esclarecer las circunstancias en que se obtuvo la información, ni los protocolos de conservación durante tantos años, ni la cadena de custodia en la entrega a la policía española. Sin un control judicial efectivo de los estándares españoles, no cabe utilizar un elemento probatorio extranjero», sostiene el escrito de la defensa.
Ampliación de la comisión rogatoria
Ante esta situación, el equipo legal del expresidente ha solicitado formalmente que se amplíe la comisión rogatoria remitida a Estados Unidos para obligar a las agencias norteamericanas a entregar las órdenes judiciales o administrativas que justificaron la incautación inicial del terminal, los informes técnicos de extracción de datos y las autorizaciones específicas referidas a las transferencias de los servidores de mensajería instantánea.
José Luis Rodríguez Zapatero, quien ha rechazado categóricamente cualquier tipo de intervención irregular en el rescate financiero a Plus Ultra defendiendo el encaje legal de su actividad profesional, permanece a la expectativa del dictamen de la Sección de Instrucción, órgano que deberá resolver si las evidencias tecnológicas se mantienen en el procedimiento o si se declaran nulas por vulneración de derechos fundamentales.
