Las dietas de expresidentes en Madrid reactivan el debate político: Gallardón, Aguirre y Cifuentes podrán recibir 750 euros por cada reunión de la Comisión Jurídica Asesora.
Las dietas de expresidentes en Madrid han vuelto al centro del debate político después de conocerse que Alberto Ruiz-Gallardón, Esperanza Aguirre y Cristina Cifuentes podrán percibir 750 euros netos por cada sesión a la que asistan como integrantes de la Comisión Jurídica Asesora.
Los tres exmandatarios fueron nombrados vocales electivos por el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso el 22 de julio. La controversia se concentra ahora en el importe de las compensaciones y en el posible coste anual de su participación.
Si el órgano mantuviera un ritmo similar al de 2025, cuando celebró 45 reuniones, cada expresidente podría recibir hasta 33.750 euros anuales si asistiera a todas las sesiones.
En conjunto, los pagos para los tres podrían superar los 100.000 euros al año bajo ese mismo supuesto. Se trata de una proyección y no de una cantidad garantizada. Fuente: acuerdos oficiales del Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid.
Las dietas de expresidentes en Madrid dependen de su asistencia
La cantidad establecida asciende a 750 euros netos por cada pleno al que acuda el vocal correspondiente.
El Gobierno madrileño sostiene que no existe una retribución fija y que los pagos se realizarán exclusivamente cuando los expresidentes participen en las sesiones.
Si alguno de ellos no asiste por incompatibilidades, compromisos personales u otras razones, no percibirá la dieta correspondiente.
Con una frecuencia hipotética de cuatro reuniones mensuales, cada expresidente podría ingresar aproximadamente 3.000 euros netos al mes.
El cálculo anual dependerá del número de sesiones convocadas y de la asistencia efectiva.
Gallardón, Aguirre y Cifuentes fueron nombrados en julio
Los nombramientos quedaron incluidos en los acuerdos adoptados por el Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid el 22 de julio de 2026.
Los decretos 66/2026, 67/2026 y 68/2026 designaron respectivamente a Alberto Ruiz-Gallardón, Esperanza Aguirre y Cristina Cifuentes como vocales electivos de la Comisión Jurídica Asesora.
La función de este organismo consiste en emitir informes y dictámenes sobre asuntos jurídicos relacionados con la actividad de las administraciones públicas madrileñas.
El Ejecutivo autonómico defiende que la experiencia institucional de antiguos presidentes puede resultar útil para el funcionamiento de este órgano.
Sin embargo, la compensación económica ha abierto interrogantes sobre el coste público y la conveniencia de incorporar a exdirigentes políticos a puestos consultivos remunerados.
La cantidad supera la propuesta económica inicial
La documentación conocida sobre el desarrollo de la normativa contemplaba inicialmente una compensación máxima de 459 euros por sesión.
La cifra finalmente aplicada asciende a 750 euros netos, lo que supone 291 euros adicionales por reunión.
El incremento equivale aproximadamente a un 63 % respecto al planteamiento inicial.
De repetirse las 45 sesiones celebradas en 2025, cada expresidente podría percibir 33.750 euros.
La suma de los tres alcanzaría 101.250 euros anuales, siempre que todos asistieran a cada reunión. Fuente: El País.
La normativa establece incompatibilidades
Las dietas por asistencia no podrán acumularse con determinadas retribuciones públicas.
La normativa también limita el acceso a expresidentes que cumplan requisitos relacionados con el tiempo de ejercicio y las circunstancias de su mandato.
Quienes ocupen otros cargos públicos sujetos a incompatibilidad no podrán recibir simultáneamente estas compensaciones.
Es el caso de Joaquín Leguina, actualmente vinculado a la Cámara de Cuentas de Madrid, y de Pedro Rollán, presidente del Senado.
La permanencia en el órgano podrá extenderse, con carácter general, hasta seis años. En determinados casos, el plazo puede ampliarse en función del tiempo que la persona haya presidido la comunidad.
Una decisión con impacto político en Madrid
El sistema recupera la posibilidad de que antiguos presidentes madrileños perciban compensaciones públicas por labores consultivas.
La cuestión resulta especialmente llamativa porque Cristina Cifuentes eliminó en 2015 el antiguo consejo consultivo regional, que también contemplaba retribuciones para exmandatarios.
El Gobierno regional sostiene que modelos similares existen en otras comunidades autónomas y que la remuneración responde a la participación efectiva en las sesiones.
Sin embargo, el debate continuará centrado en el coste para las arcas públicas y en la utilidad institucional de los nombramientos.
