En un giro significativo de su postura inicial, la Iglesia católica española ha aceptado este jueves un acuerdo con el Gobierno para establecer un sistema mixto de reparación a las víctimas de abusos sexuales en el ámbito eclesiástico. Mediante este documento, la institución se compromete a hacerse cargo del pago de las indemnizaciones económicas derivadas de estos casos.
El sistema acordado sitúa al Defensor del Pueblo como la figura central del proceso. Según el documento firmado, este organismo será el encargado de estudiar de forma individualizada cada expediente para «elaborar una propuesta de reconocimiento de la condición de víctima». Dicha propuesta incluirá la reparación pertinente y, en caso de falta de acuerdo entre las partes, el Defensor del Pueblo tendrá la potestad de adoptar la resolución definitiva.
Este acuerdo busca desbloquear la situación de desprotección en la que se encontraban cientos de afectados por abusos cometidos por miembros del clero. La colaboración con el Estado garantiza un marco legal y administrativo para que el reconocimiento de la condición de víctima no dependa exclusivamente de la voluntad de la institución eclesiástica.
A pesar de la relevancia del anuncio, las asociaciones de víctimas han reaccionado de forma diversa, valorando positivamente la asunción de responsabilidad económica pero manteniendo la cautela sobre la agilidad y transparencia con la que se aplicará el sistema de evaluación de daños.
