El portavoz económico de Vox desmiente la información de El Mundo según la cual directivos de grandes empresas quedaron «perplejos» con su propuesta durante una comida privada. Figaredo sostiene que la noticia «está mal contada» y la atribuye a un empresario «muy concreto» de un sector intensivo en mano de obra que «tiene intereses en esto». Mantiene que todos los que entren de forma irregular, delincan o vivan de subsidios «se tienen que ir».
José María Figaredo no solo no rectifica, sino que redobla su apuesta. El portavoz económico de Vox en el Congreso ha vuelto a defender este miércoles su propuesta de deportar a inmigrantes para abaratar el precio de la vivienda y ha negado la versión publicada por El Mundo, que aseguraba que directivos de grandes empresas del IBEX quedaron «perplejos» con el planteamiento que les trasladó durante una comida privada.
«Los grandes empresarios no solo no mostraron rechazo, sino que, al contrario, muchos me daban la razón«, ha declarado Figaredo en una entrevista radiofónica . El dirigente de Vox ha insistido en que la noticia «está mal contada» y ha atribuido su filtración a un empresario «muy concreto» de un sector intensivo en mano de obra que, según él, «tiene intereses en esto«. Sin desvelar su identidad, Figaredo ha sugerido que este empresario podría verse perjudicado por una eventual reducción de la inmigración irregular, al depender de mano de obra extranjera.
La propuesta: «Se tienen que ir»
Figaredo ha aprovechado su intervención para reiterar su propuesta con más detalle. Según ha explicado, todos aquellos que entren en España de forma irregular, delincan o vivan de los subsidios «se tienen que ir«. «No podemos permitir que personas que no cumplen las normas estén ocupando viviendas que necesitan los españoles. Es de sentido común», ha señalado el portavoz económico de Vox.
El dirigente de la formación de Santiago Abascal ha culpado al Gobierno de Pedro Sánchez de haber permitido la entrada de 7,8 millones de inmigrantes en los últimos años, una cifra que, a su juicio, ha generado la subida de los precios de la vivienda. «Si reduces la demanda, los precios bajan. Es economía básica», ha argumentado Figaredo, que ha insistido en que su partido no está en contra de la inmigración legal, sino de «la que entra de forma irregular y la que viene a vivir de los subsidios».
El malestar en el IBEX
La polémica estalló después de que El Mundo publicara que varios directivos de empresas del IBEX 35 expresaron su «perplejidad» e «incomodidad» ante la propuesta de Figaredo durante un encuentro privado. Según el diario, los empresarios consideraron que la medida era «inviable«, «contraproducente» y «contraria a los intereses económicos de España«, y advirtieron de que la deportación masiva de inmigrantes tendría un impacto devastador en sectores como la agricultura, la hostelería o la construcción, que dependen en gran medida de la mano de obra extranjera.
La noticia generó un profundo malestar en el seno de Vox, que acusó al diario de «manipular» sus palabras y de «hacer el juego a la izquierda». Figaredo, sin embargo, ha querido quitar hierro al asunto: «La noticia está mal contada. No hubo perplejidad. Muchos empresarios me dieron la razón, pero no pueden decirlo públicamente porque tienen miedo a las represalias de la izquierda».
Las reacciones políticas
Las declaraciones de Figaredo han generado una nueva oleada de críticas desde el Gobierno y desde los partidos de la oposición. Desde el PSOE, su portavoz económica, María Jesús Montero, ha calificado la propuesta de «racista» y «económicamente absurda«: «Pretender abaratar la vivienda deportando inmigrantes es una barbaridad que demuestra el nivel de Vox. La solución es construir más vivienda pública, no expulsar a trabajadores que sostienen sectores clave de nuestra economía».
Desde Sumar, el portavoz económico, Carlos Martín, ha señalado que la propuesta de Vox es «inhumana» y ha recordado que «los inmigrantes no son el problema de la vivienda; el problema es la especulación y la falta de regulación del mercado del alquiler». El PP, por su parte, ha evitado pronunciarse directamente sobre la propuesta de Figaredo, aunque fuentes del partido han señalado que su política migratoria es «firme pero legal» y que «no comparten los extremismos de Vox».
La polémica ha puesto de manifiesto, una vez más, la división de criterios dentro de la derecha sobre el vínculo entre inmigración y vivienda. Mientras Vox insiste en que la reducción de la inmigración irregular es la solución al problema de los precios, el PP apuesta por «agilizar el suelo» y por «incentivar la construcción» como vías para aumentar la oferta y contener los precios. El debate sigue abierto, y todo apunta a que será uno de los temas centrales de la próxima campaña electoral.
