La Ley 58/2026, impulsada por el partido ultraderechista Chega y aprobada con los votos de toda la derecha parlamentaria, prohíbe desde este miércoles el uso de prendas que oculten u obstaculicen la exhibición del rostro en la vía pública, eventos deportivos y manifestaciones. La norma no menciona expresamente el burka ni el niqab, pero organizaciones de derechos humanos como Amnistía Internacional la consideran «discriminatoria» y una amenaza para la libertad religiosa de las mujeres musulmanas.
Portugal ha dado un paso que divide al país. La conocida como «ley del burka» ha entrado en vigor este miércoles, treinta días después de su publicación en el Diário da República, con un objetivo declarado: garantizar la seguridad y la identificación de los ciudadanos en los espacios públicos. La Ley 58/2026 prohíbe el uso de prendas destinadas a «ocultar u obstaculizar la exhibición del rostro» y contempla multas de entre 150 y 3.000 euros, en función de si la infracción se comete por negligencia o con dolo.
La norma, impulsada por el partido ultraderechista Chega y aprobada el pasado 17 de julio con los votos del PSD, CDS-PP e Iniciativa Liberal, no menciona expresamente el burka, el niqab ni ninguna confesión religiosa. Sin embargo, su origen y su tramitación parlamentaria han estado marcados por el debate sobre el velo islámico. El propio líder de Chega, André Ventura, asumió durante la discusión en el pleno que el objetivo era prohibir que «las mujeres anden de burka en Portugal».
Dónde se aplica y qué excepciones contempla
La prohibición se extiende a la vía pública, los lugares abiertos al público, los destinados a servicios públicos y aquellos donde se presten servicios generalmente accesibles a los ciudadanos. También alcanza a la participación en acontecimientos, competiciones deportivas y manifestaciones, un punto que ha generado especial controversia entre las organizaciones de derechos humanos.
La ley establece excepciones cuando la ocultación del rostro esté justificada por razones sanitarias, profesionales, artísticas, de entretenimiento o publicitarias, así como por motivos de seguridad o condiciones climáticas. Quedan fuera de su ámbito de aplicación los aviones, las instalaciones diplomáticas y consulares, los lugares de culto y otros espacios sagrados. En el ámbito religioso, la excepción se refiere únicamente a los lugares de culto, no a una autorización general para ocultar el rostro por motivos religiosos en cualquier espacio público.
Sanciones y el delito de forzar a cubrirse el rostro
El régimen sancionador distingue entre negligencia e intencionalidad. Las infracciones por negligencia conllevan multas de 150 a 750 euros, mientras que las cometidas con dolo oscilan entre 400 y 3.000 euros. La vigilancia corresponde a las fuerzas de seguridad, que levantarán las actas, y los ayuntamientos serán los encargados de tramitar los expedientes e imponer las sanciones.
La ley también introduce un delito específico: quien, mediante amenazas, violencia, coacción, abuso de autoridad o de poder, y por razón del sexo de la víctima, obligue a una o varias personas a ocultar el rostro, se enfrenta a una pena de prisión de hasta dos años o multa de hasta 240 días. La pena se incrementa en un tercio cuando la víctima es menor de edad.
Una ley cuestionada por su posible inconstitucionalidad
La norma ha generado una profunda división política y social en Portugal. Los partidos de izquierda —PS, Bloque de Izquierda, PCP, Livre y JPP— votaron en contra, y el PAN se abstuvo . El Defensor del Pueblo ha confirmado que estudia peticiones para fiscalizar la constitucionalidad de la ley, y el Colegio de Abogados y el Consejo Superior del Ministerio Público ya advirtieron durante su tramitación de posibles vulneraciones de la libertad religiosa y del principio de no discriminación.
Amnistía Internacional ha calificado la norma de «discriminatoria» y ha advertido de que «viola los derechos humanos de las mujeres musulmanas que eligen cubrirse el rostro». La organización ha señalado que, aunque se hayan eliminado las referencias directas al Islam, la ley sigue siendo «una amenaza directa a su libertad de expresión y de religión» y podría excluir a estas mujeres de la vida pública, la educación y el empleo.
Un debate que trasciende Portugal
La entrada en vigor de la ley portuguesa se produce en un contexto europeo de creciente debate sobre la regulación de los símbolos religiosos en el espacio público. Francia, Bélgica, Dinamarca o Austria ya cuentan con normativas similares, y la medida portuguesa se suma a una tendencia que, según sus críticos, criminaliza a las mujeres en lugar de protegerlas y alimenta discursos islamófobos en el continente.
