Ecologistas en Acción y Fridays For Future-Juventud por el Clima han denunciado la «falta de transparencia y participación real» en la elaboración del Plan Nacional de Restauración, después de que el Gobierno lo remitiera a Bruselas sin hacer público su contenido. Las organizaciones alertan de que las primeras cifras conocidas apuntan a una «preocupante falta de ambición» en los objetivos para 2030: apenas 288 km² de actuaciones marinas y 65 km de ríos de flujo libre.
España ha dado el primer paso para cumplir con el Reglamento Europeo de Restauración de la Naturaleza, pero lo ha hecho a espaldas de la sociedad. Al menos, esa es la denuncia de Ecologistas en Acción y Fridays For Future-Juventud por el Clima, que han exigido este martes al Gobierno que haga público «de inmediato» el Plan Nacional de Restauración de la Naturaleza, después de que el Ejecutivo lo remitiera el lunes a la Comisión Europea sin que la ciudadanía haya podido conocer su contenido.
«La sociedad sigue sin poder conocer su contenido», han criticado las organizaciones en un comunicado conjunto. Las entidades han recordado que otros países como Portugal u Holanda publicaron sus borradores antes del 31 de agosto, por lo que han reclamado al Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO) que publique el documento de forma inmediata.
«Falta de transparencia y participación real»
Las organizaciones han afeado además «la falta de transparencia y participación real» que, según sostienen, ha marcado todo el proceso. Frente a la «amplia participación pública» que reivindica el Ministerio , aseguran que se han celebrado repetidas reuniones «sin acceso a la información técnica necesaria para poder realizar aportaciones de fondo y sin capacidad real de incidir en el contenido del Plan».
También han cuestionado cómo se han incorporado las aportaciones de la consulta ciudadana, que recibió más de 26.000 contribuciones, y si el Gobierno ha tenido en cuenta los espacios considerados prioritarios para la restauración por la ciudadanía.
Una «preocupante falta de ambición» en los objetivos de 2030
El mayor reproche de las organizaciones, sin embargo, se dirige a la ambición del plan. A su juicio, los «pocos» datos divulgados hasta ahora por el MITECO apuntan a una «preocupante falta de ambición» en los objetivos para 2030.
En el ámbito marino, el proyecto contempla actuaciones sobre apenas 288 kilómetros cuadrados antes de 2030, una cifra que, según las organizaciones, representa «menos del 1% de la superficie marina estatal» y resulta «difícilmente compatible con la magnitud del reto de restauración de los ecosistemas marinos, que establece la restauración de un 30% de los hábitats marinos para 2030».
En los ríos, el Gobierno plantea recuperar 65 kilómetros de cursos de agua de flujo libre antes de 2030. Esta cifra equivale «apenas al 2,2% de los 3.000 kilómetros que establece como objetivo su propia Estrategia Nacional de Restauración de Ríos para ese mismo año y un 0,26% de los 25.000 kilómetros de ríos de flujo libre que el Reglamento europeo fija como referencia para el conjunto de la UE».
El contraste con la defensa del Reglamento en Bruselas
Las organizaciones han lamentado que España haya pasado de ser uno de los Estados miembros que defendieron con mayor firmeza el Reglamento europeo de Restauración de la Naturaleza a presentar ahora un proyecto que parte de una «ambición muy limitada» y mantiene «importantes lagunas de conocimiento y transparencia».
La oportunidad de corregir el rumbo
Ecologistas en Acción y Fridays For Future sostienen que «el próximo año debe servir para corregir el rumbo hacia una restauración de la naturaleza que ponga en el centro la vida humana y no humana». Para ello, han reclamado que el Plan se publique «de inmediato», que se aborden las lagunas de conocimiento y que se eleve sustancialmente su ambición antes de la aprobación definitiva, prevista para septiembre de 2027.
También han pedido que el Gobierno y las comunidades autónomas abran, antes de esa fecha, «un proceso de participación real y transparente» de la sociedad civil, con acceso a la información y capacidad efectiva de incidencia.
