El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha evitado valorar de forma expresa la sentencia del Tribunal Supremo que condena a su exministro de Transportes y exsecretario de Organización del PSOE, José Luis Ábalos, a 24 años de prisión por el ‘caso mascarillas’. Durante su intervención en un encuentro sectorial sobre políticas de apoyo a la discapacidad, el jefe del Ejecutivo ha eludido las exigencias de dimisión en bloque formuladas por los partidos de la oposición, enmarcando la actual crisis institucional dentro de las «dificultades y piedras en el camino» que su gabinete prevé afrontar para agotar la legislatura.
Como contraofensiva política y de gestión, Sánchez ha anunciado la aprobación en el Consejo de Ministros de este martes de un Real Decreto-ley que inyectará una partida extraordinaria de 2,218 millones de euros al sistema de atención a la dependencia, calificándola como la mayor inversión presupuestaria en la materia de la historia democrática.
Modificación de las cuantías mínimas transferidas a las comunidades
La reforma presupuestaria, impulsada por el Ministerio de Derechos Sociales, incide directamente sobre los fondos corrientes que el Estado transfiere a las comunidades autónomas, administraciones que ostentan la competencia ejecutiva en la gestión de los centros y subsidios asistenciales. El nuevo decreto reconfigura al alza las aportaciones mínimas destinadas a los tres niveles de vulnerabilidad reconocidos por la legislación:
- Grado 3 (Gran Dependencia): La financiación estatal se incrementa un 128%, elevando la aportación por expediente de los 290 euros mensuales actuales hasta los 660 euros al mes.
- Grado 2 (Dependencia Severa): El subsidio se duplica exactamente (un 100% de aumento), pasando de 130 euros a 260 euros al mes.
- Grado 1 (Dependencia Moderada): Registra un repunte del 18%, escalando de 76 euros a 90 euros mensuales.
Sánchez ha precisado que el diseño técnico mantiene el estatus de cobertura del denominado Grado 3+, aprobado hace menos de un año con el fin de garantizar prestaciones económicas y de asistencia domiciliaria preferente para personas con diagnósticos de extrema dificultad médica, como los pacientes con Esclerosis Lateral Amiotrófica (ELA).
Blindaje normativo frente a futuros cambios de gobierno
El Ejecutivo asegura que con esta ampliación de fondos se cumplirá el compromiso de estabilizar la balanza de cofinanciación, logrando que la Administración General del Estado sufrague la mitad del coste total del sistema de dependencia para el año 2027.
Garantía jurídica de los fondos: A diferencia de las subvenciones ordinarias supeditadas a la aprobación de los Presupuestos Generales del Estado, el texto del Real Decreto-ley introduce una cláusula de blindaje estructural. Las cuantías fijadas pasan a ser una obligación jurídica permanente para el Estado, por lo que ningún Gobierno posterior podrá reducir los niveles mínimos de protección económica alegando escenarios de prórroga presupuestaria o contención del gasto público, salvo que se tramite y apruebe una nueva ley explícita en las Cortes Generales.
Con esta medida de calado social, el presidente del Gobierno busca desviar el foco de atención mediática de los pasillos judiciales de la Audiencia Nacional y el Tribunal Supremo, defendiendo que el sentido de la permanencia de su gabinete responde a la ampliación y consolidación de los derechos civiles y económicos de los sectores más vulnerables del país.
