En un movimiento que redefine el comercio global, la Unión Europea y el bloque del Mercosur han alcanzado un acuerdo definitivo para la ratificación de su tratado de libre comercio. Sin embargo, el pacto nace bajo una intensa tormenta política: el acuerdo se ha consolidado ignorando las protestas de Francia, el principal productor agrícola de la UE, que ve en este tratado una «amenaza existencial» para su soberanía alimentaria y sus agricultores.
El acuerdo busca eliminar aranceles para el 90% de los bienes intercambiados entre ambos bloques, facilitando la exportación de maquinaria y servicios europeos a cambio de una mayor apertura al sector agropecuario sudamericano (carne, soja y azúcar). Para Bruselas, este paso es estratégico para reducir la dependencia de China y Estados Unidos; para París, es una traición a los estándares ambientales y de competencia justa de la Unión.
El presidente francés ha calificado la maniobra de «desleal», mientras las protestas de agricultores se intensifican en diversas regiones del país galo, bloqueando infraestructuras clave. El resto de los socios europeos, liderados por Alemania y España, defienden que el acuerdo es vital para el crecimiento económico, marcando así una de las mayores fracturas internas en la historia reciente de la Comisión Europea.
