Cientos de personas se manifestaron en Santander durante la Semana Grande para exigir la renuncia del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, criticando su gestión, una supuesta ley de amnistía inconstitucional, y sus vínculos con Venezuela.
Una multitudinaria manifestación, con una asistencia estimada de 700 personas según los organizadores, tuvo lugar en Santander durante la Semana Grande para reclamar la renuncia del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.
La protesta, convocada por alrededor de treinta asociaciones de diferentes regiones y respaldada por la Plataforma por la España Constitucional, se centró en la condena de lo que consideran una «ley de amnistía inconstitucional» que, según los manifestantes, permitiría al presidente gobernar de forma corrupta.
Además, se criticó duramente la relación del gobierno con la situación en Venezuela, acusando a Sánchez y a su predecesor de complicidad con un régimen considerado dictatorial.
El líder de la iniciativa, Amalio de Marichalar, denunció una supuesta «traición a los principios democráticos» por parte de Sánchez, al que acusó de controlar todos los contrapoderes y de estar llevando a cabo un «golpe de estado de última generación».
La manifestación, descrita como apolítica por los organizadores, se caracterizó por la presencia de banderas españolas y un llamado a evitar símbolos partidistas.
La protesta en Santander forma parte de una ola de manifestaciones similares que se han llevado a cabo en otras ciudades españolas, demostrando una creciente movilización ciudadana contra la gestión del gobierno de Pedro Sánchez. Los organizadores destacan la importancia de la participación ciudadana para defender lo que consideran los principios democráticos del país.
La Controversia de la Ley de Amnistía
La propuesta de una ley de amnistía ha desatado fuertes críticas y controversias en España. Sus detractores argumentan que esta ley permitiría exonerar a individuos involucrados en actos ilegales, socavando el estado de derecho y la separación de poderes. Se teme que esta medida siente un precedente peligroso, abriendo la puerta a la impunidad y debilitando la confianza en el sistema judicial.
Los manifestantes en Santander expresaron su profundo rechazo a esta ley, argumentando que permitiría al presidente español gobernar de manera corrupta a cambio de la autoamnistía de golpistas.
Consideran que esta medida atenta contra la independencia judicial y los principios fundamentales de la democracia, generando un clima de incertidumbre y desconfianza en el futuro del país.
