Cerca de 4.000 residentes de Montecarmelo, articulados a través de su asociación de afectados, han presentado un nuevo recurso contencioso-administrativo ante los tribunales de Madrid. Esta acción legal busca la paralización definitiva del último decreto municipal emitido por el Ayuntamiento de Madrid, que intenta reactivar el proyecto para construir un cantón de limpieza y una base del SELUR (Servicio de Limpieza Urgente) en el barrio.
La demanda se inscribe en lo que los vecinos han calificado como una «política de tierra quemada» por parte del Consistorio, al considerar que el Gobierno municipal está intentando imponer un proyecto que carece de sustento legal, urbanístico y de salud pública.
Riesgos y Precedentes Judiciales
El conflicto se centra en la ubicación de la macroinstalación, prevista para ser construida junto a zonas residenciales y tres centros educativos que albergan a miles de alumnos. La plataforma vecinal argumenta que el proyecto implica:
Riesgos evidentes para la salud y la integridad de los vecinos, incluyendo altos niveles de ruido (estimados en hasta 106 dB).
Riesgos ambientales derivados de su naturaleza industrial, que incluye el almacenamiento de productos inflamables y el manejo de residuos.
La nueva acción judicial surge después de que una sentencia anterior declarara nula la modificación de la ubicación original del cantón, precisamente por no haberse sometido a una evaluación de impacto ambiental, tal como exige la normativa. Los vecinos denuncian que el Ayuntamiento ignora este precedente judicial y la oposición casi unánime (cercana al 94%) del barrio.
La Asociación de Afectados por el Cantón exige que el Ayuntamiento aporte el expediente administrativo completo y todas las memorias justificativas para formular la demanda de manera exhaustiva, con el objetivo de detener lo que consideran un «atropello urbanístico».
