La posibilidad de que el rey emérito Juan Carlos I regrese a vivir a España vuelve a ocupar el centro del debate público. Desde el entorno de Casa de Su Majestad el Rey se ha trasladado una postura clara: si el exmonarca desea establecer nuevamente su residencia en el país, deberá recuperar también su residencia fiscal en territorio español.
La precisión no es menor. Actualmente, Juan Carlos I reside en Abu Dabi, donde fijó su domicilio tras abandonar España en 2020 en medio de investigaciones y controversias sobre su situación financiera. Aunque las causas judiciales en España fueron archivadas, su situación fiscal ha sido uno de los puntos más sensibles en el debate sobre su eventual regreso.
Desde la Zarzuela insisten en que el emérito es libre de regresar cuando lo considere oportuno, pero subrayan que hacerlo bajo un esquema fiscal fuera de España resultaría incompatible con la imagen institucional que se pretende preservar. La recuperación de la residencia fiscal implicaría tributar en España conforme a la normativa vigente, una medida que, según fuentes cercanas a la institución, contribuiría a reforzar la transparencia y la coherencia institucional.
El contexto político también influye en el momento del anuncio. En las últimas semanas se ha reavivado la discusión pública sobre la figura del rey emérito, especialmente tras nuevos análisis históricos sobre su papel durante el intento de golpe de Estado del 23 de febrero de 1981. Sin embargo, el debate actual ya no gira únicamente en torno a su legado histórico, sino a las condiciones prácticas y legales de un eventual retorno.
Mientras tanto, el reinado de Felipe VI continúa marcando una línea clara de diferenciación institucional respecto a etapas anteriores, con énfasis en la ejemplaridad y la responsabilidad fiscal.
El posible regreso de Juan Carlos I no es solo una decisión personal; se ha convertido en un asunto de Estado que combina aspectos jurídicos, fiscales y simbólicos. La condición planteada por la Casa Real establece así un marco definido: cualquier retorno deberá ajustarse plenamente a las obligaciones tributarias en España.
