El pasado 31 de julio, la jueza María Isabel Revilla emitió una sentencia clara: las exmonjas del convento de Belorado debían abandonar el inmueble, con advertencia de desalojo forzoso en caso de desobediencia. La resolución marca un hito en el conflicto entre las ocho excomulgadas y el comisario pontificio, el arzobispo de Burgos, Mario Iceta.
Sin embargo, al amanecer del 1 de agosto, la situación dio un giro inesperado. Las exreligiosas se negaron a cumplir la orden judicial y bloquearon el acceso a la Federación de Clarisas, que intentaba hacerse cargo de las hermanas más ancianas del convento, tal como lo había ordenado la Fiscalía.
“La realidad es esta: no han podido llevarse a nadie. Estamos esperando a ver qué pasa ahora con la Justicia”, expresó con evidente tensión sor Paloma, una de las exclarisas, al llegar apresurada al monasterio de Orduña.
En el centro del conflicto están cinco monjas de edad avanzada —entre 86 y 100 años— para quienes la Fiscalía había dispuesto su reubicación en otro convento bajo supervisión oficial. Las exmonjas, sin embargo, han cerrado filas para evitar que sean trasladadas.
Lo que se perfila como una batalla judicial podría agudizar aún más la crisis eclesiástica que rodea al grupo cismático, ahora enfrentado no solo a la Iglesia, sino también a la Justicia civil.
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