La crisis social y política en Irán ha alcanzado un punto de ruptura. Según los últimos informes de organizaciones de derechos humanos y corresponsales en la zona, la cifra de víctimas mortales durante las recientes protestas ciudadanas ha superado las 500 personas. La violenta represión de las fuerzas de seguridad contra los manifestantes, que inicialmente exigían mejoras ambientales y libertades civiles, ha sumido al país en su crisis interna más sangrienta de los últimos años.
En paralelo a la agitación en las calles, la tensión diplomática se ha disparado. El gobierno iraní ha emitido una respuesta oficial ante las recientes amenazas de la administración de Donald Trump. Desde la Casa Blanca, el presidente estadounidense ha endurecido su retórica contra el régimen de Teherán, advirtiendo sobre las consecuencias de la represión y el programa nuclear iraní. En respuesta, el Ministerio de Exteriores de Irán ha calificado las palabras de Trump como una «intervención inaceptable» y ha asegurado que el país está preparado para cualquier escenario de confrontación.
La comunidad internacional observa con alarma este doble frente:
por un lado, una población civil que resiste a pesar del elevado número de bajas y, por otro, un cruce de amenazas entre Teherán y la administración Trump que eleva el riesgo de un conflicto militar en el Golfo. Los organismos internacionales han hecho un llamado urgente al cese de la violencia estatal y a la apertura de canales de diálogo para evitar una catástrofe humanitaria aún mayor.
