El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, presentó este miércoles un ambicioso plan de 15 medidas para combatir la corrupción, desarrollado en colaboración con la OCDE. Este anuncio llega en medio del escándalo por la supuesta implicación de Santos Cerdán, ex número tres del PSOE, en el caso Koldo.
Entre las medidas más destacadas se incluye la creación de «listas negras» que prohibirán a las empresas condenadas por corrupción obtener contratos públicos. Además, se reforzará el control en la aprobación de adjudicaciones y se endurecerá el Código Penal para castigar con mayor rigor los delitos contra la administración.
La corrupción como «otra crisis» de país
Durante su intervención de 45 minutos en el Congreso, Sánchez comparó la corrupción con otras «crisis» que ha enfrentado el país, como la pandemia de COVID-19 o la erupción del volcán de La Palma. Aseguró que su intención es «abordar» y «superar» esta situación sin «tirar la toalla», descartando las opciones de dimitir o convocar elecciones anticipadas, alternativas que, según confesó, llegó a considerar tras el estallido del escándalo.
El presidente defendió su decisión, afirmando ser «un político limpio» que desconocía las actividades ilícitas de Cerdán y el exministro José Luis Ábalos, aunque admitió su error al haberlos nombrado. Sánchez expresó su comprensión hacia la posible desconfianza ciudadana, pero insistió en su propia convicción sobre su inocencia y se comprometió a defender la integridad de su proyecto de gobierno, buscando recuperar la confianza de sus aliados.
Críticas a la oposición y defensa de la «honestidad» en España
Sánchez criticó duramente la postura de la oposición, señalando que PP y Vox han intentado construir un relato sobre su persona como un presidente «megalómano» aferrado al poder por «privilegios». En contraste, el presidente afirmó que la vasta mayoría de las contrataciones públicas cumplen la ley y que la integridad es la norma entre los servidores públicos y las empresas españolas.
Aunque reconoció que la corrupción sigue existiendo entre políticos, fuerzas de seguridad y empresarios, Sánchez defendió que «en España no existe impunidad» ni una «corrupción generalizada». Incluso, presumió de que su gobierno es «el más limpio de la democracia», comparándolo favorablemente con el de José Luis Rodríguez Zapatero (a pesar de no mencionar la condena al exembajador Raúl Morodo). Finalmente, Sánchez arremetió contra José María Aznar, a quien acusó de la «caja B» del PP, y contra Felipe González, recordando que su gobierno «también sufrió el zarpazo de la corrupción».
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