La desigualdad social se ha convertido en uno de los principales desafíos estructurales de Madrid. A pesar de ser una de las regiones más prósperas de España y un motor económico nacional, la capital convive con una brecha cada vez más visible entre quienes concentran la riqueza y quienes enfrentan situaciones de vulnerabilidad crónica. Esta distancia no solo se mide en ingresos, sino también en acceso a vivienda, educación, salud y oportunidades.
Según datos del Instituto Nacional de Estadística (INE) y de la Comunidad de Madrid, el riesgo de pobreza o exclusión social (tasa AROPE) afecta a cerca del 20% de la población madrileña, una cifra que se mantiene estable desde hace años y que refleja una desigualdad estructural difícil de revertir. Aunque Madrid presenta uno de los PIB per cápita más altos del país, la riqueza no se distribuye de forma equitativa entre sus habitantes.
La brecha de ingresos es uno de los indicadores más claros. Informes económicos sitúan a Madrid entre las regiones con mayor desigualdad salarial, con diferencias marcadas entre distritos. Mientras zonas como Salamanca, Chamartín o Retiro concentran rentas altas, otros barrios como Puente de Vallecas, Usera o Villaverde registran ingresos significativamente inferiores. Esta segregación territorial refuerza ciclos de desigualdad que se heredan de generación en generación.
Las personas mayores constituyen uno de los colectivos más expuestos. Aunque Madrid cuenta con una amplia red de servicios sociales, miles de personas mayores viven con pensiones mínimas que apenas cubren el coste de la vida, especialmente en una ciudad donde el precio de la vivienda y los servicios básicos no deja de aumentar. La soledad no deseada y la dificultad para acceder a cuidados adecuados se han convertido en problemas crecientes, especialmente tras la pandemia.
La infancia es otro de los sectores más afectados. Datos de organizaciones sociales y entidades públicas indican que uno de cada cuatro menores en la Comunidad de Madrid vive en riesgo de pobreza. Esta situación tiene consecuencias directas en la alimentación, el rendimiento escolar y las oportunidades futuras. Expertos advierten que la desigualdad en la infancia no solo es una cuestión social, sino una inversión fallida que condiciona el desarrollo económico a largo plazo.
La vivienda se ha consolidado como uno de los principales factores que agravan la desigualdad. El aumento sostenido de los precios del alquiler y la escasez de vivienda pública han empujado a muchas familias a destinar más del 40% de sus ingresos a pagar un techo. Para los hogares con menores recursos, esta presión económica limita el acceso a otros derechos básicos y aumenta el riesgo de exclusión.
Frente a este panorama, las administraciones públicas han puesto en marcha distintas iniciativas para combatir la desigualdad: ayudas al alquiler, refuerzo de servicios sociales, programas de renta mínima y políticas de atención a colectivos vulnerables. También organizaciones sociales y vecinales desempeñan un papel clave en la asistencia directa y la denuncia de situaciones de exclusión. Sin embargo, expertos coinciden en que estas medidas, aunque necesarias, resultan insuficientes si no se abordan las causas estructurales del problema.
La desigualdad social en Madrid no es un fenómeno coyuntural ni aislado. Es el reflejo de un modelo urbano y económico que genera crecimiento, pero no siempre garantiza cohesión. Reducir la brecha entre ricos y pobres, proteger a los colectivos más vulnerables y asegurar igualdad de oportunidades son retos que definirán el rumbo social de la capital en los próximos años.
