El Reino Unido ha dado un paso definitivo en la lucha contra la obesidad infantil al prohibir oficialmente la publicidad de alimentos con alto contenido en grasas, azúcar y sal (HFSS) en televisión antes de las 21:00 horas, además de restringir su presencia en medios digitales. Esta medida, una de las más ambiciosas de Europa, ha vuelto a situar el foco sobre la gestión de la salud pública en España y la necesidad de una regulación similar.
Mientras Londres aplica un marco legal estricto para proteger a los menores de los impactos de la industria de la ultraprocesados, en España el panorama sigue marcado por la fragmentación legislativa y la autorregulación. A pesar de que el Ministerio de Consumo ha intentado en diversas ocasiones impulsar un Real Decreto que siga los estándares de la Organización Mundial de la Salud (OMS), la normativa se ha enfrentado a sucesivos bloqueos y presiones por parte de la industria alimentaria.
Actualmente, España se rige principalmente por el Código PAOS, un sistema de autorregulación que los expertos en salud pública consideran insuficiente ante el preocupante aumento de las tasas de sobrepeso infantil. La decisión británica aumenta la presión sobre el Ejecutivo español para que pase de las recomendaciones voluntarias a una ley vinculante que limite el alcance de productos insanos en las pantallas y dispositivos de los niños.
