La reciente operación policial en Río de Janeiro, que dejó 121 muertos según el último balance oficial, ha sacudido a Brasil y reavivado un intenso debate sobre las estrategias de seguridad en América Latina. Mientras familias de las favelas continúan buscando a sus desaparecidos y despidiendo a los agentes caídos, la intervención —una de las más letales registradas en la región— se convierte en epicentro de controversia política y social.
El gobernador de Río ha adoptado un discurso alineado con la narrativa del expresidente estadounidense Donald Trump, calificando a las bandas criminales como “narcoterroristas” y situando la seguridad pública como eje de la campaña electoral de cara a 2026. Su postura ha sido respaldada por sectores que exigen mano dura, pero criticada por organizaciones de derechos humanos y especialistas que advierten que este enfoque puede agravar la violencia sin atacar las raíces del problema.
La tragedia ha trascendido las fronteras brasileñas y reabre un dilema que atraviesa la región: ¿es más eficaz la ofensiva militar directa o la inversión en inteligencia e investigación financiera para golpear las estructuras del narco? En respuesta, países vecinos como Argentina y Paraguay han reforzado sus controles fronterizos para evitar la fuga de sospechosos, evidenciando el impacto regional del crimen organizado y la urgencia de un enfoque coordinado.
