La negociadora del PSOE Leire Díez ofreció un pacto con la Fiscalía al empresario Alejandro Hamlyn, que está siendo juzgado en la Audiencia Nacional por presunta corrupción, a cambio de que le proporcionara información comprometedora sobre Antonio Balas, teniente coronel de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, que investiga el caso Koldo y a Begoña Gómez, la mujer del presidente del Gobierno.
Así lo revela un nuevo audio publicado este martes por El Confidencial, en el que se escucha a la exconcejala socialista presentándole su oferta al empresario durante una reunión telemática. «Te voy a ofrecer una cosa ¿Vale? Te voy a ofrecer una cosa. Es decir, yo te puedo sentar con Fiscalía. O puedo proponer que te sientes con Fiscalía», afirma.
«No, si con Fiscalía nos hemos sentado 40 veces. Pero no, no avanzamos», responde el empresario, pero Leire Díez insiste para dejarle claro que ella puede interceder con la Fiscalía: «No para tomar una cerveza, hombre. Álex (Hamlyn), cuando yo digo sentarte con alguien, es sentarte con alguien para un fin determinado».
Antes de la intervención de Leire Díez, ya había hecho referencia a ese acuerdo con la Fiscalía el empresario Javier Pérez Dolset, presente en la misma reunión. «¿Qué es lo que nosotros podemos traer a la mesa? Y te lo digo así a lo bestia. Un acuerdo con la Abogacía del Estado y con la Fiscalía», planteó Pérez Dolset.
Leire Díez y Pérez Dolset fueron señalados por el conseguidor del caso Koldo, Víctor de Aldama, como los «fontaneros» del PSOE, es decir, negociadores enviados por el partido socialista para neutralizar los escándalos de corrupción que rodean al Gobierno. El abogado Jacobo Teijelo, también presente en la reunión telemática, es otro de los ‘fontaneros’ citados por Aldama, quien aseguró que los tres trabajan para Ferraz bajo la responsabilidad del secretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán.
«No pasa nada, los fiscales también se mueven»
Según El Confidencial, los emisarios del PSOE tenían motivos para reunirse con Alejandro Hamlyn porque el empresario, detenido por la UCO en abril de 2019 por presunto fraude fiscal, había afirmado que tenía información comprometedora sobre los agentes de la Guardia Civil que lo investigaban.
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