El Juzgado Central de Instrucción número 2 de la Audiencia Nacional ha dictado un auto de especial relevancia en el marco de la investigación del denominado ‘caso Koldo‘. El magistrado instructor ha acordado la apertura de una pieza separada con el objetivo exclusivo de investigar las presuntas operativas de pagos en metálico y el flujo de dinero en efectivo que habría circulado entre los principales investigados y terceras personas aún por determinar.
Esta decisión responde a la necesidad de dotar de mayor agilidad a la causa principal, evitando que la complejidad del rastreo financiero dilate en exceso los plazos de la instrucción general. La nueva línea de investigación se sustenta en los últimos informes emitidos por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, que señalan la existencia de indicios sólidos sobre entregas de dinero en mano, el uso de «sobres» y el transporte de fajos de billetes que no dejaron huella en el sistema bancario tradicional.
El rastro del «Dinero B» y el blanqueo de capitales La investigación se centrará en desentrañar la logística detrás de estas entregas, las cuales presuntamente tenían como fin el pago de comisiones irregulares derivadas de los contratos de suministro de material sanitario durante la pandemia. Se analizarán agendas intervenidas, mensajes de texto y testimonios que apuntan a una estructura de pagos opacos diseñada para eludir el control de las autoridades fiscales.
Bajo esta nueva pieza, el magistrado ha ordenado una serie de diligencias que incluyen nuevos requerimientos de información a entidades financieras, el análisis de cajas de seguridad y la citación de nuevos testigos que podrían haber participado en la custodia o traslado de los fondos. El objetivo final es determinar si estos pagos en metálico constituyen delitos adicionales de blanqueo de capitales y cohecho, así como identificar el destino final de las mordidas que, según los indicios, podrían haber terminado en cuentas en el extranjero o en inversiones de difícil rastreo.
Con este movimiento, la justicia busca cerrar el cerco sobre la dimensión económica de la trama, enfocándose en la parte más escurridiza de la corrupción política: el rastro físico del dinero.
