La Puerta del Sol y el Palacio de la Moncloa han protagonizado un nuevo enfrentamiento tras la orden judicial que insta a la presidenta Isabel Díaz Ayuso a crear «de inmediato» un registro de sanitarios objetores de conciencia para la práctica del aborto.
Desde el equipo de la presidenta regional han confirmado que no tienen intención de implementar dicho registro, calificándolo de «lista negra». Díaz Ayuso ha recurrido la decisión judicial bajo el argumento de que este listado podría vulnerar la libertad de los profesionales. No obstante, la normativa vigente especifica que su finalidad es meramente organizativa: garantizar turnos que aseguren la atención a las mujeres y evitar situaciones de riesgo derivadas de la falta de personal disponible.
Por su parte, la dirección nacional del Partido Popular ha marcado distancias. El equipo de Alberto Núñez Feijóo ha subrayado que, en su formación, «se acatan las órdenes judiciales», dejando a la presidenta madrileña como la única dirigente autonómica del PP que no atiende los requerimientos del Ministerio de Sanidad en esta materia.
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha aprovechado el conflicto para cuestionar en redes sociales la postura de Ayuso, acusándola de ambigüedad respecto al derecho al aborto. Mientras tanto, los partidos de la oposición en la Asamblea de Madrid han criticado en bloque lo que consideran una «rebeldía institucional» que pone en peligro la seguridad de las pacientes.
