Por Eneida Flores
El ‘Caso Koldo’ ha irrumpido en la política española, revelando una presunta trama de corrupción que afecta al PSOE y pone en duda la figura de Pedro Sánchez. Lo que empezó como una investigación sobre mascarillas en la pandemia, se ha convertido en un escándalo que amenaza con cambiar el panorama político.
La investigación, liderada por la Audiencia Nacional y con la Guardia Civil implicada, se centra en Koldo García Izaguirre, exasesor de José Luis Ábalos y consejero de Correos, acusado de participar en una red de comisiones ilegales en contratos de mascarillas durante la emergencia sanitaria. Se habla de contratos inflados y dinero ilícito.
Los aspectos más destacados son:
• Koldo García y su ascenso: Un perfil bajo que llegó a asesor de un ministro y a consejero de Correos, a pesar de no tener una trayectoria destacada, lo que genera suspicacias sobre su cercanía al núcleo del partido.
• Contratos millonarios y comisiones: Se investiga un volumen importante de contratos adjudicados de forma urgente y a dedo, con comisiones que habrían beneficiado a implicados, en un momento crítico para la salud pública.
• Implicación de altos cargos: Aunque Ábalos no está imputado, su cercanía a García y su destitución como diputado tras las investigaciones han generado un terremoto político.
• Operación en plena pandemia: La presunta trama ocurrió en los momentos más críticos, lo que agrava la percepción de abuso y deslealtad.
• Ramificaciones políticas: El caso ha afectado a varias administraciones del PSOE, ampliando la sospecha y generando un efecto dominó.
El impacto en la imagen de Pedro Sánchez ha sido profundo. La percepción de falta de control y la cercanía de García a un exministro de confianza han erosionado la credibilidad del Gobierno. La oposición ha aprovechado para exigir responsabilidades, y cada declaración del presidente es analizada con lupa.
Para el PSOE, el caso ha significado una crisis interna, con la salida forzada de Ábalos y una imagen dañada en su lucha contra la corrupción. Aunque la justicia decidirá, el daño reputacional ya está hecho, y las consecuencias políticas aún están por verse.
