El primer ministro francés Sébastien Lecornu presentó su renuncia este lunes, apenas 27 días después de asumir el cargo. Su dimisión, la tercera en menos de un año, profundiza la crisis política que atraviesa el gobierno del presidente Emmanuel Macron y deja nuevamente vacante el Palacio de Matignon.
Lecornu, de 39 años, alegó que “las condiciones ya no estaban reunidas” para ejercer como jefe de gobierno, en medio de una Asamblea Nacional fragmentada y sin mayorías claras. Su gabinete, anunciado el domingo por la noche, fue duramente criticado por partidos aliados y opositores, especialmente por el regreso del exministro de Finanzas Bruno Le Maire como titular de Defensa.
La renuncia se produjo antes de que Lecornu intentara aprobar el presupuesto para 2026, considerado el principal reto de su gestión. El presidente Macron le pidió continuar negociando un “plan de estabilidad” en las próximas 48 horas, aunque no se descarta una nueva convocatoria a elecciones legislativas anticipadas.
Macron bajo presión: tres primeros ministros en un año
La salida de Lecornu se suma a las dimisiones previas de Michel Barnier y François Bayrou, quienes también enfrentaron bloqueos parlamentarios al intentar aprobar sus respectivos presupuestos. Desde las elecciones legislativas adelantadas en 2024 —convocadas por Macron tras la victoria de la extrema derecha en los comicios europeos— el país vive en un limbo institucional, con una Asamblea dividida en tres grandes bloques: izquierda, centroderecha y ultraderecha.
Aunque el Nuevo Frente Popular (NFP), coalición de izquierda, obtuvo la mayoría de votos en 2024, Macron ha optado por nombrar primeros ministros de su alianza centrista o del partido conservador Los Republicanos (LR), sus socios desde septiembre de ese año.
La falta de consenso ha generado tensiones internas y externas. La Bolsa de París cayó un 2% tras el anuncio de la renuncia, el euro retrocedió frente al dólar y los bonos franceses alcanzaron su nivel más alto en 14 años. Analistas advierten que la incertidumbre política podría agravar los problemas fiscales del país, cuya deuda pública supera el 115% del PIB.
