Murcia, España – En el municipio de Jumilla, en la Región de Murcia, una polémica decisión política ha generado un intenso debate y una ola de críticas a nivel nacional. Los partidos Partido Popular (PP) y Vox han impulsado y aprobado una medida que prohíbe la celebración de actos islámicos en espacios públicos, una acción que la oposición y diversas entidades religiosas han calificado de “xenófoba” e “intolerante”.
La iniciativa surgió originalmente de una moción presentada por Vox, que buscaba expresamente vetar celebraciones religiosas como el Ramadán o la Fiesta del Cordero en lugares públicos. Aunque la moción inicial fue modificada, la enmienda aprobada con el apoyo del PP alteró el reglamento de las instalaciones deportivas municipales, impidiendo que estas se usen para actividades ajenas al deporte, a menos que sean promovidas directamente por el Ayuntamiento. Esta medida, según la oposición, es una forma encubierta de vetar las celebraciones de la comunidad islámica, que previamente había solicitado estos espacios para sus festividades.
La decisión ha sido duramente condenada por el resto de los partidos políticos. El PSOE y Podemos han alzado la voz, calificando la prohibición como un «disparate» que atenta contra los principios de libertad de culto y no discriminación. En este sentido, Podemos ha anunciado que llevará el caso a la Fiscalía, argumentando que la medida contraviene los artículos 14 y 16 de la Constitución española, que garantizan la igualdad ante la ley y la libertad religiosa para todos los ciudadanos.
El concejal de Vox en Jumilla defendió la medida, argumentando que se trata de una forma de «defender las tradiciones españolas» frente a «costumbres ajenas a nuestra identidad». Sin embargo, esta justificación ha sido fuertemente criticada. El presidente de la Federación Española de Entidades Religiosas Islámicas (FEERI), ha expresado su profunda decepción y ha calificado la acción de “racismo e islamofobia”. Según la FEERI, la prohibición vulnera los derechos fundamentales y las libertades religiosas de los ciudadanos musulmanes, sentando un precedente peligroso en un país que se rige por los principios de la aconfesionalidad y la diversidad cultural.
El caso de Jumilla no solo resalta la creciente tensión política entre los partidos de la derecha y la izquierda en España, sino que también pone en relieve el debate sobre la integración, la libertad de culto y el papel de las tradiciones religiosas en el espacio público. La judicialización del caso por parte de Podemos y la denuncia de la FEERI sugieren que este conflicto está lejos de resolverse.
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