La Policía Nacional ha abierto cerca de 8.000 expedientes de expulsión de adultos y ha identificado a unos 3.700 menores no acompañados. La mayoría de los identificados solicita asilo, pero no se presenta a la entrevista posterior, lo que bloquea la tramitación de su repatriación.
La crisis migratoria en Ceuta sigue lejos de resolverse. Tres meses y medio después de la entrada masiva, más de 5.500 personas pendientes de expulsión permanecen ilocalizables en la ciudad autónoma. La Policía Nacional ha iniciado cerca de 8.000 expedientes de expulsión de adultos y ha identificado a aproximadamente 3.700 menores no acompañados que también se encuentran en la ciudad sin un destino claro. A estas casi 12.000 personas se suman las más de 88.000 que, según la Guardia Civil, abandonaron Ceuta voluntariamente en las semanas posteriores al siniestro.
El triaje: el primer paso de un procedimiento que se atasca
Cuando una patrulla localiza a una persona sin documentación en Ceuta, el primer paso es el triaje. Se le identifica con fotografía, huellas dactilares y los datos que proporcione, y se le asigna un número de NIE. Esto abre el procedimiento de expulsión, que en el caso ceutí se tramita por la vía “preferente”, diseñada en teoría para acortar los plazos. Sin embargo, la mayoría de los identificados manifiesta su deseo de solicitar asilo, por lo que el siguiente paso es citarles para una entrevista.
El problema llega cuando esa cita se materializa. Según fuentes policiales citadas por El Mundo, de los casi 8.000 identificados que han pedido asilo, solo 2.200 se han presentado a la entrevista. Más de 5.500 han dado plantón a los agentes. «Probablemente están aconsejados para que no se presenten, porque así su expulsión no se puede tramitar, ya que es muy probable que no les concedan el asilo», explican las mismas fuentes. La entrevista requiere abogado y traductor, lo que ralentiza aún más el proceso.
Menores sin solución y un software sin autorización
A los adultos con expediente se suman los 3.700 menores no acompañados identificados, que no pueden ser expulsados y permanecen en la ciudad autónoma. La ONG Coordinadora de Barrios denunció recientemente que 500 de ellos viven en las calles sin protección alguna.
Un problema añadido, según El Mundo, es que la Policía cuenta desde hace dos años con un software de traducción automática que agilizaría las entrevistas de asilo, pero no ha obtenido autorización del Ministerio del Interior para usarlo. El departamento de Grande-Marlaska lo ha denegado en al menos dos ocasiones, alegando dudas sobre si su uso vulneraría la protección de datos.
La búsqueda en las calles
La policía continúa localizando a diario a decenas de personas sin identificar, lo que incrementa la cifra de indocumentados. Solo si una patrulla vuelve a encontrar a alguien que no se presentó a la entrevista se puede retomar su expediente, pero los ilocalizables evitan las zonas con presencia policial. El resultado es una crisis que se cronifica: cada vez hay más personas identificadas, mientras los expedientes de expulsión avanzan a un ritmo mucho menor que el de nuevas llegadas a la ciudad.




