La ministra portavoz, Elma Sáiz, ha justificado la medida ante las críticas de la oposición por llevarla al Consejo de Ministros con las Cortes disueltas: «Eran medidas muy demandadas». El paquete incluye mejoras en las pensiones de viudedad y en la protección de las víctimas de violencia de género.
El Gobierno ha aprobado este martes un real decreto para extender las mejoras sociales a viudas y víctimas de violencia de género. La medida llega en plena precampaña electoral y con las Cortes disueltas, lo que ha generado críticas por parte de la oposición, que considera que el Ejecutivo está utilizando el Consejo de Ministros para hacer campaña.
«Eran medidas muy demandadas»
La ministra portavoz, Elma Sáiz, ha justificado la decisión ante las preguntas de los periodistas sobre el momento elegido para aprobar el paquete. «Eran medidas muy demandadas«, ha señalado Sáiz, que ha insistido en que el Gobierno «sigue trabajando» y en que «no se va a quedar de brazos cruzados» hasta las elecciones del 29 de noviembre.
Las medidas del decreto
El real decreto incluye un paquete de medidas destinadas a mejorar la protección social de dos colectivos especialmente vulnerables:
- Viudas: Se mejoran las pensiones de viudedad y se amplían los supuestos en los que se puede acceder a esta prestación
- Víctimas de violencia de género: Se refuerzan las ayudas económicas y se amplía la cobertura de los servicios de atención y protección.
Las críticas de la oposición
El PP ha calificado la aprobación del decreto como un «acto de campaña» y ha acusado al Gobierno de «utilizar las instituciones» para mejorar su imagen ante los electores. «Sánchez está desesperado. Ya no le quedan herramientas para gobernar y utiliza el Consejo de Ministros para hacer campaña electoral«, ha señalado un portavoz popular.
Vox, por su parte, ha anunciado que recurrirá el decreto y ha acusado al Ejecutivo de «gobernar por decreto» para evitar el control parlamentario.
El contexto
El decreto se enmarca en la estrategia de los ‘martes sociales’ que el Gobierno puso en marcha la semana pasada, con la que pretende aprobar medidas sociales en cada Consejo de Ministros hasta las elecciones del 29N. La fórmula elegida, el decreto ley, permite al Ejecutivo aprobar la norma sin pasar por el Pleno del Congreso, aunque después debe ser convalidada por la Diputación Permanente.
Con esta medida, el Gobierno busca movilizar a su electorado y marcar la agenda política en un momento en el que el PP y Vox han intensificado sus críticas contra el Ejecutivo.
