El Gobierno no ha aprobado en el Consejo de Ministros ni ha remitido a las Cortes un proyecto de cuentas públicas antes del inicio del mes de octubre, tal y como exige el artículo 134.3 de la Constitución. Desde el 4 de octubre de 2022 no se cumple este trámite. España sigue funcionando con el Presupuesto de 2023, aprobado por una mayoría parlamentaria de la legislatura anterior.
El Gobierno de Pedro Sánchez ha vuelto a incumplir uno de los mandatos más claros de la Constitución. El artículo 134.3 establece que «el Gobierno deberá presentar ante el Congreso de los Diputados los Presupuestos Generales del Estado al menos tres meses antes de la expiración de los del año anterior «, lo que en la práctica obliga a aprobar el proyecto en el Consejo de Ministros y remitirlo a las Cortes antes del inicio del mes de octubre. Este lunes, último día de septiembre, el Ejecutivo no ha cumplido con ese trámite.
No es la primera vez. Es el cuarto año consecutivo en el que Sánchez se salta este precepto constitucional. Desde el 4 de octubre de 2022, cuando el Consejo de Ministros aprobó el último proyecto de Presupuestos que llegó al Congreso, el Gobierno no ha vuelto a presentar unas cuentas públicas. Ni siquiera se ha cumplido con el trámite formal de aprobar un proyecto en el Consejo de Ministros y remitirlo a las Cortes, aunque fuera fuera de plazo.
Cuatro años sin Presupuestos
La situación es inédita en la historia democrática reciente de España. Desde 2022, el país funciona con prórrogas presupuestarias sucesivas, lo que significa que los Presupuestos que siguen en vigor son los de 2023, aprobados por una mayoría parlamentaria de la legislatura anterior —la que configuraron el PSOE, Unidas Podemos y sus socios— y que ya no refleja la correlación de fuerzas actual del Congreso.
El incumplimiento del artículo 134.3 no es un asunto menor. La Constitución establece ese plazo para garantizar que las Cortes dispongan de tiempo suficiente para debatir y enmendar las cuentas públicas antes de que comience el año natural. Sin un proyecto de Presupuestos, el Gobierno pierde la capacidad de orientar la política económica y de adaptar el gasto público a las prioridades de la legislatura, y queda atado a las prioridades presupuestarias de un Gobierno anterior.
Las consecuencias de la prórroga
La prórroga presupuestaria tiene consecuencias prácticas. El Gobierno no puede crear nuevos programas, aumentar partidas más allá de lo previsto en los Presupuestos vigentes ni modificar la estructura impositiva sin recurrir a decretos-ley o a modificaciones normativas específicas. Además, la prórroga limita la capacidad de negociación con los socios parlamentarios y con las comunidades autónomas, que ven cómo sus transferencias quedan congeladas en los niveles de 2023.
Los expertos advierten de que esta situación deteriora la calidad institucional y debilita la posición de España en los mercados internacionales. «Un país que no aprueba sus Presupuestos durante cuatro años consecutivos envía una señal de inestabilidad política y de falta de rumbo económico«, señalan desde el ámbito académico.
La respuesta del Gobierno
El Gobierno, por su parte, ha evitado pronunciarse sobre el incumplimiento del artículo 134.3 y ha centrado su discurso en la prórroga presupuestaria como una «herramienta legítima» que permite «mantener la estabilidad y la prestación de los servicios públicos». Fuentes del Ejecutivo han señalado que la falta de apoyos parlamentarios suficientes para aprobar las cuentas públicas es la razón por la que no se ha presentado un proyecto, y han recordado que la aritmética parlamentaria actual hace «muy difícil» sacar adelante unos Presupuestos.
La oposición, sin embargo, ha exigido explicaciones. El PP ha anunciado que registrará una pregunta parlamentaria para que el Gobierno aclare «por qué incumple la Constitución por cuarto año consecutivo», y Vox ha calificado la situación de «desprecio a la legalidad y a las instituciones«. La Asociación de Letrados del Congreso ya advirtió en un informe que la prórroga presupuestaria indefinida «desnaturaliza el principio de legalidad presupuestaria» y «vulnera el mandato constitucional».
España encara así el cuarto año sin Presupuestos, con un Gobierno que sigue funcionando con las cuentas de 2023 y con un incumplimiento constitucional que ya se ha convertido en una constante de la legislatura.
